El BOE publicó ayer un nuevo real decreto ley, el decimosexto, de medidas urgentes, cómo no, para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Persigue ahorrar nada menos que 7.000 millones en gasto sanitario, es decir, aproximadamente uno de cada nueve euros de los que dedicamos a sanidad en este país.
Las medidas son un cúmulo de disposiciones: las más, irrelevantes; otras, cuya aplicación enervará los sectores afectados porque no suponen un gran ahorro pero sí una gran molestia. Pero han trascendido como las más importantes las que afectan al precio de los medicamentos y las que intentan evitar que las comunidades autónomas extiendan sus prestaciones sanitarias.
De este decreto se deduce que ahora una comunidad autónoma no tendrá autonomía para ampliar los servicios que presta, pero sí para cobrar por ellos un precio diferente al que cobra la de al lado. Vamos, como si en el sistema educativo prohibiéramos que una comunidad extendiera la educación para adultos, pero permitiéramos que cobrara un euro por asistencia diaria a clase a todos los alumnos (aquí, un euro por receta). Curiosa forma de entender la unidad de caja y prestaciones. Y, lo que es peor, como la obsesión del Ejecutivo es culpar al Gobierno anterior, no corrige las ineficiencias consecuencia directa de la mala gestión de algunos Gobiernos autonómicos.
Comencemos por el turismo sanitario. El decreto establece normas más rígidas para frenar la asistencia prestada a extranjeros, y cuando hablamos de éstos todos pensamos en latinoamericanos o magrebíes, pero en las intervenciones más caras los que abundan son de otras latitudes. Una vez las nuevas normas sean conocidas y entendidas, se cumplirán por quienes deseen recibir prestaciones en España. Para evitar el turismo sanitario, lo fundamental es disponer de un sistema de precios y tarifas que refleje el coste real de cada proceso médico y que sea común en el territorio nacional (en Bruselas no entienden, y desde mi punto de vista hacen bien, que a un turista alemán se le cobre un precio en Galicia y otro en Navarra por la misma prestación cuando recorre el Camino de Santiago). Si ese régimen de precios existiera, el abono de los mismos sí sería disuasorio para quienes no financian de forma estable, como asegurados, el sistema.
En la actualidad tenemos a unos cientos de miles de residentes permanentes, normalmente pensionistas y familiares, por los que se paga al año a las comunidades autónomas entre 300 y 400 millones de euros por la asistencia sanitaria que reciben. La Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña son las grandes perceptoras, y otras CCAA con menos residentes no se han preocupado demasiado por identificar con precisión al colectivo (pese a que la Administración de Seguridad Social les facilita hasta la gestión de los cobros, hay algunas que no hacen ni uso de la colaboración).
El problema crece con los 50 millones de turistas europeos, por cuya atención deberíamos cobrar cuatro o cinco veces lo que recibimos (escasas decenas de millones de euros), hasta el punto de que hay autonomías que pagan más por los turistas que salen de su territorio que por los que reciben. En ese caso, el saldo negativo no se les descuenta a ellos, sino que minora la cantidad global recibida por España. El decreto podía haber obligado a estas comunidades a financiar a su costa el saldo entre los turistas que producen y los que reciben, pero no lo ha hecho. Y así, por citar el ejemplo más oneroso, todos los españoles pagamos la asistencia sanitaria de los turistas extranjeros en Madrid, porque la Comunidad no se molesta en controlarlo.
Es digna de mención la solución dada al incremento del porcentaje de copago farmacéutico. Se exige a la comunidad disponer de las rentas declaradas en el IRPF y de las pensiones cobradas en Seguridad Social. El pensionista va a pagar por sus medicinas lo mismo que los activos, y luego la comunidad lo reembolsará. Mientras se conoce las bases de datos, se prepara la aplicación informática sobre rentas, y la subsiguiente sobre gasto, las autonomías no devolverán las cantidades excesivamente pagadas antes de final de año, o devolverán a ojo de buen cubero. Cobraremos demasiado o ahorraremos demasiado poco. No conozco ningún país con un sistema tan complejo, y desde luego su prolija aplicación desmerece la urgencia del decreto.
El dilema del paro
Vayamos con una auténtica perla. El Gobierno ha publicitado que los parados de larga duración y sin prestaciones dejarán de colaborar en el pago de los medicamentos, lo que sin duda estaría bien. En realidad, el artículo 4, cuando modifica el artículo 94 de la Ley 29/2006 de uso racional de medicamentos, dice que no pagarán los "(d) Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación" (sic). Pero un parado puede perder el derecho al subsidio porque éste se agote, porque pierda sus responsabilidades familiares, porque cometa fraude, porque obtenga ingresos superiores a la cantidad que permite cobrar el subsidio, etc.
En conclusión, que quienes cobren el subsidio por no disponer de otras rentas sí pagarán el porcentaje correspondiente de sus medicinas, pero quienes lo pierdan por cualquier razón (donde la norma no distingue?) no pagarán. Por favor, que lo aclaren para evitar que la precipitación haya alumbrado la chapuza.
Octavio Granado. Exsecretario de Estado de la Seguridad Social.
