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Lo que está detrás del caso Repsol-YPF

Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina.

YPF era hasta la fecha de la intervención política del Gobierno Kirchner la filial argentina de la multinacional española Repsol, que poseía el 57,43% de su capital. Formando parte de este relevante grupo petrolero, YPF realizó en Argentina en 2011 inversiones superiores a los 3.000 millones de dólares y pagó 6.400 millones en impuestos, lo que la convirtió en el primer contribuyente del país, además de ser el mayor productor de hidrocarburos, gestionando el 32% de la explotación de petróleo y el 23% de gas: nada más lejos, sin embargo, de constituir un monopolio, pues allí operan también Esso, Oil Combustibles y Shell.

Repsol-YPF ha sido el objetivo fácil de unos dirigentes sin escrúpulos que, al hilo de una demagogia populista, pretenden tapar sus muchas faltas y, probablemente, enriquecerse con ello. Sin embargo, les será difícil ocultar que Argentina tiene la economía destrozada. La política de subsidios que los encumbró al poder ha llegado a su fin. Lo que empezó con una subida del 30% de los salarios de los funcionarios, y se acompañó con un caudal de subvenciones a múltiples sectores que superó, en 2011, la enorme cifra de 63.000 millones de pesos, se ha terminado. Subsidios que incluso llegaban al metro de la capital -el subte- cuyo precio se ha incrementado un 127% después de que el Gobierno actual lo traspasara a la ciudad de Buenos Aires quitándole la subvención. Un país que sin subsidios verá crecer la inflación y, con ello, la pobreza, que estadísticas fiables sitúan ya en el 44% de la población.

A lo anterior se añade la liberalización de los precios de los combustibles, que llevó a incrementos del precio del gasoil cercanos al 50% en 2011. Una situación que empeorará con la llegada del invierno, a lo que habrá que sumar los habituales cortes de electricidad. Un problema tradicional en Argentina, necesitada aún de cuantiosas inversiones en infraestructuras, que se completa con unos hábitos de consumo desproporcionados. Sin olvidar el precio del gas, cuyas compras realiza la sociedad pública Enarsa que, sorprendentemente, importa gas a un precio muy superior al obtenido localmente. Una empresa creada por Néstor Kirchner en diciembre de 2004 con el objetivo aparente de introducir la presencia estatal en un mercado privatizado desde los años noventa por Carlos Menem.

Argentina, ¿un Estado fallido?

Además, la crisis internacional aumenta las incertidumbres. A lo que se añaden otros factores como la actual sequía, la política de fuerte ajuste fiscal y, últimamente, las restricciones a las importaciones. Un escenario en el que ya se anuncia una contracción de la economía y, por tanto, menores ingresos para el Estado. La economía dejó de crecer hace meses, y las estimaciones para 2012 prevén un crecimiento del 3,4%, muy lejos del 9% de 2011. De ahí que el populismo del actual Gobierno le haya llevado a reclamar de nuevo las Malvinas, y a intervenir Repsol-YPF sin ningún soporte legal, utilizando para ello una incomprensible decisión política.

Un país que, según The Economist de marzo de 2011, estaría ya en la cabecera de los cinco Estados fallidos mundiales. Una sufrida Argentina dominada por una facción peronista que, al decir de este medio de comunicación, no tiene ningún interés en seguir las reglas del juego democrático y se opone violentamente a cualquier avance en este sentido; como tampoco le importa mejorar las condiciones de vida de los argentinos, muchos de los cuales tratan de huir del país. Un grupo donde la corrupción masiva se practica con total impunidad, y donde la justicia, según esta revista, está repleta de jueces politizados que incluso por orden del Gobierno negaron el año pasado un requerimiento de un alto tribunal suizo que investigaba un asunto de blanqueo de capitales proveniente de Argentina.

Y no sólo son los ingleses. También los Estados Unidos en este mes de marzo retiraron a Argentina la calificación de país preferente, sacándola del GSP (Generalized System of Preferences), con la justificación de que "Argentina no ha actuado de buena fe para reforzar las decisiones de arbitraje en favor de ciudadanos o empresas americanas". A lo que han añadido el embargo de importaciones de vino y aceite de oliva.

Repsol ha sido la fácil excusa y la demostración palpable de la corrupción generalizada del Gobierno argentino actual, al cual no le serán suficientes las movilizaciones que en su favor realice la organización juvenil La Cámpora dirigida por el hijo de la presidenta, Máximo Kirchner, cuyo lema La fuerza de la juventud, la fuerza de un pueblo son huecas palabras que no evitarán el aislamiento internacional y el aumento de la pobreza del sufrido pueblo argentino.

Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul España.

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