Dice un adagio que se atribuye a varios autores que los gallos creen que el sol sale porque ellos cantan. Si algo hubiera que reprochar al actual Gobierno de España sería ese convencimiento taumatúrgico en su capacidad para generar un estado universal, dentro y fuera de España, de confianza. Cuando ese convencimiento se ha visto desmentido por la realidad hemos pasado a una explicación, no menos omnímoda, sobre las culpas del Gobierno anterior.
Cuando se hizo esperar a propios y extraños la presentación de los Presupuestos Generales del Estado hasta las elecciones autonómicas de Andalucía y Asturias, en un ejercicio tan ineficaz para lo que se pretendía como demoledor para el prestigio del nuevo Ejecutivo, se nos dijo que el presupuesto iba a ser realista. Pero a la luz de su recepción, sobre todo fuera de España, ya nadie utilizaría este objetivo, por muchos esfuerzos que hagamos para colocar el producto.
Después de cinco años de consecutivas reducciones del gasto corriente en los departamentos de la Administración General del Estado, si no existen medidas concretas de fusión de unidades administrativas y reducción de procedimientos, utilizar cifrados más bajos es puro voluntarismo. Si los horarios de los funcionarios crecen y aumentan las tarifas, nadie puede creerse que bajen los pagos. Liquidar empresas sin funcionarios ahorra partidas, pero no otros gastos de páginas de impresión. Y dejar de contabilizar otras partidas que llevaban años sin utilizarse, con independencia de que figuraran en el estado de gastos, es un ejercicio razonable pero de nulo impacto económico.
Otro calificativo merecería el esfuerzo por convencernos a todos de que en un año con revalorización las pensiones van a crecer menos que en un ejercicio en donde sólo se revalorizaron las pensiones mínimas, porque esto ya no es un ejercicio de voluntad, sino de disimulo.
Y, por si fuera poco, el esfuerzo por cuadrar los ingresos nos ha llevado a utilizar recovecos cuya periodización nos puede dar algún disgusto en el futuro, y a pergeñar una amnistía fiscal, la primera en los últimos veinte años, que merece algún comentario.
Las regularizaciones tienen sentido cuando el ciclo económico puede convencer a quienes viven en la informalidad de que entren sin lastres en la competencia leal. Si no es así, su efecto en términos morales es negativo, e incluso puede alcanzar efectos perversos más relevantes, al transmitir dos mensajes muy corrosivos: no importa defraudar, porque al final acabarán por legalizar mi situación; cuán mala es la situación, que precisan poner en marcha iniciativas que repugnan a quienes las han aprobado y las defienden.
Todo esto, sin dejar de considerar que una defraudación en un tributo concreto puede servir de base para investigar las actividades ocultas que han generado los ingresos, y que han tenido un reflejo de omisión o vulneración de otra normativa (laboral, de competencia, etc.). Y que no es fácil delimitar, lo acotarán los jueces, dónde se aplica la regularización y dónde se mantiene el imperio de la ley.
En conclusión, que nadie prevé el impacto real en términos recaudatorios de la medida, y se extiende la consideración de que la amnistía no va a alcanzar las previsiones presupuestarias, ni mucho menos, y únicamente se pretendía ganar un tiempo para que la laxitud en la aprobación de las cuentas públicas permitiera ahorrar por ineficacia de la Administración, es decir, retrasando lo imprescindible.
Como la reforma laboral en un mercado de trabajo tan deprimido no resuelve nada a corto plazo, y la reforma financiera continúa aceleradamente por una senda que no parece tenga sentido ni para las entidades, ni para los empresarios, ni para los organismos internacionales, las cuentas públicas soportan casi en solitario el embate del corto plazo, y ya hemos visto lo que han dado de sí. Han aguantado dos semanas.
Ahora se nos insiste en nuevas medidas para recortar las prestaciones del sistema educativo y del sistema sanitario. Lo primero es apostar contra nuestras posibilidades de salir de la crisis con un proyecto de sistema productivo razonable. Lo segundo afectará de lleno a otros sectores que se benefician de nuestra seguridad asistencial, como el turismo. En ambos casos, las medidas afectarán a sistemas comunitarios con un elevado porcentaje de gastos de personal en la provisión de los servicios, con lo que los recortes disminuirán más la calidad del servicio que sus costes.
¿Hay alternativas? Sí las hay, son complicadas, pero más realistas y necesarias. Suponen reducir estructuras burocráticas en las administraciones, prestar los servicios en red, buscar sinergias en la cooperación. No sé si seríamos capaces de convencer a los operadores financieros de nuestra capacidad de emprenderlas. Pero en el dominio de los tiempos seguimos sin mejorar, y con la vista en la próxima rueda de prensa y en la presentación de las medidas como un eslogan no acertamos.
Octavio Granado, exsecretario de Estado de la Seguridad social.
