Durante los cien días que han pasado desde la toma de posesión del Gobierno, hemos visto reproducirse la batalla electoral a la inversa. Si durante aquélla era Rajoy contra Rubalcaba, ahora es Rubalcaba contra Rajoy. Los dos, erre que erre, están R contra R. En la campaña electoral Rajoy acusaba al exvicepresidente del Gobierno de Rodríguez Zapatero (otra R: ¿casualidad?) de haber mentido a los españoles respecto a la crisis. Luego resultó que ese Gobierno también engañó con relación al déficit público de 2011. Y, al mentir a los mercados financieros, que tienen memoria, la prima de riesgo se disparó. Ahora, en los primeros cien días de Rajoy, Rubalcaba acusa, a su vez, de mentiroso al Gobierno. El líder socialista dice que el presidente ha hecho lo contrario de lo que prometió en campaña: a) subida de impuestos, algo inevitable; b) reforma laboral, que eludió el Gobierno anterior, y c) intento de aflorar capitales ocultos, que ya ensayaron otros Gobiernos socialistas. Lo que no hace el líder socialista es reconocer su culpa anterior.
La situación recuerda el título de la película Kramer contra Kramer (Robert Benton, 1979), donde dos divorciados se pelean por la custodia de su hijo. Pero, en este caso, los protagonistas no estaban casados, ni hay divorcio, ni existe el muchacho. Salvo que imaginemos al pueblo español como el niño al que quieren cuidar. En ese caso, la solución sería sencilla. Bastaría con que los contendientes pactaran una tregua por el bien del muchacho. La tregua podría empezar en Andalucía. Un PP que ha ganado las elecciones, aunque no de manera suficiente, está dispuesto a hablar de un gobierno de concentración. Importantes grupos económicos de la comunidad autónoma han declarado que ésta sería una solución adecuada a la delicada situación que atraviesa el país andaluz. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué priman los intereses partidistas y las anteojeras ideológicas al interés común y el pragmatismo?
José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE.