¿Cómo podemos abrir los mercados a escala mundial en beneficio de los consumidores, las empresas y el empleo de Europa? La respuesta europea a esta pregunta es igualmente breve: lideramos mediante el ejemplo. Somos el mayor mercado único del mundo y nuestra política de comercio exterior se centra activamente en liberalizar aún más el comercio mediante negociaciones multilaterales y bilaterales.
Pero ¿qué sucede si otros no siguen nuestro ejemplo? ¿Qué incentivos tienen nuestros socios para abrir sus mercados a nuestras empresas, si sus empresas tienen pleno acceso a nuestros mercados? Como negociadores, es una pregunta para la que no tenemos respuestas simples y breves.
Tomemos el ejemplo de la contratación pública, un sector de gran importancia económica. En la UE, las compras de las administraciones públicas representan el 19% del PIB, y las empresas cuya actividad depende directamente de los contratos públicos suponen más de 30 millones de puestos de trabajo. También es un sector pujante en las economías emergentes y en el cual las empresas europeas son muy competitivas. El sector europeo de los contratos públicos es el más abierto del mundo. Los contratistas externos pueden competir en nuestro mercado, e incluso se les anima a ello, en las mismas condiciones que las empresas europeas. Entre los veintisiete Estados miembros de la UE, los mercados de contratación pública también están liberalizados. Esto ha permitido bajar los precios, aumentar la competitividad de nuestras empresas y ofrecer una mejor relación calidad-precio a las autoridades y a los contribuyentes de Europa.
Sin embargo, en este enfoque estamos muy por delante de otros países. Otras economías, pese a poder acceder al mercado de la UE, son mucho más reacias a abrir sus propios mercados a la UE. Mientras que el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC (ACP) abarca contratos públicos europeos por valor de unos 352.000 millones de euros, que están por tanto abiertos a los licitadores de los países miembros del ACP, el valor de los contratos públicos estadounidenses abiertos a licitadores extranjeros es de solo 178.000 millones de euros, y para Japón esta cifra solo supone 27.000 millones de euros. China e India todavía no han asumido ningún compromiso respecto a sus mercados de contratación pública en rápida expansión, y actualmente solo se adjudica a empresas de la UE una pequeña fracción de los contratos públicos chinos e indios.
Cualesquiera que sean las ventajas y desventajas económicas globales de esta situación, resulta cada vez más difícil de explicar a nuestras empresas, que ven a sus competidores extranjeros participar activamente en nuestros mercados, sin poder hacer lo mismo en mercados extranjeros. Este desequilibrio socava la legitimidad de la apertura de nuestros mercados. También entorpece la política comercial proactiva que queremos llevar a cabo.
Hay que evitar que crezcan los desequilibrios
A finales del año pasado, la UE estaba a la vanguardia de las tareas de renegociación del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC. Nos congratulamos por el nuevo Acuerdo alcanzado por los quince miembros de la OMC que son Partes del Acuerdo para mejorar las reglas de este sector clave de la economía y ampliar la cobertura de acceso al mercado en unos 100.000 millones de euros al año. No puede haber dudas sobre nuestra condición de economía de libre mercado. Sin embargo, no podemos aceptar que crezcan aún más los desequilibrios entre los que se esfuerzan por abrir los mercados y los que se niegan a hacerlo.
Por este motivo, hemos elaborado un instrumento que, de ser aprobado por los Estados miembros de la UE y por el Parlamento Europeo, nos permitirá corregir los desequilibrios de los mercados internacionales de contratación pública. Mediante este procedimiento, las entidades adjudicadoras de los Estados miembros podrán excluir, en contratos importantes, a licitadores que utilicen bienes y servicios originarios principalmente de países no pertenecientes a la UE que mantengan un nivel reducido de apertura de sus mercados de contratación pública. Para hacerlo, necesitarán una autorización de la Comisión Europea, que solo se concederá si estos bienes y servicios no están sujetos a ningún acuerdo que la UE haya firmado o esté negociando formalmente. También hemos fijado un umbral mínimo por debajo del cual los licitadores de un país tercero no puedan ser discriminados, a fin de que el nuevo sistema ejerza presión sobre las empresas y los gobiernos extranjeros sin crear trámites burocráticos innecesarios.
En casos de discriminación grave y reiterada, la Comisión podrá iniciar consultas con el Gobierno en cuestión y, si ese Gobierno sigue impidiendo el acceso de las empresas europeas a su mercado, cerrarle todo un sector del mercado de contratación pública de la UE. Naturalmente, si la UE ha asumido un compromiso jurídico con el país tercero, en el marco del ACP de la OMC o en un acuerdo de libre comercio, para mantener su mercado abierto, respetará plenamente su compromiso.
Se pretende que la medida funcione como una zanahoria y no como un palo, pero no debemos tener miedo a blandir el palo si es preciso. De este modo confiamos reforzar nuestra posición al negociar el acceso a los mercados de contratación pública de terceros países. Solo de esta manera podemos hacer comprender a las empresas extranjeras que no pueden continuar disfrutando de las ventajas y oportunidades que ofrece la apertura de nuestros mercados si sus gobiernos siguen cerrando los suyos.
Nuestra propuesta también aclarará las normas de acceso al mercado de contratación pública de la UE y, así, ofrecerá mayor seguridad jurídica a los proveedores internacionales y a las entidades públicas que contraten bienes o servicios. También confirmará que el mercado de la UE está fundamentalmente abierto y que queremos que mantenerlo así. Sin embargo, la puerta del libre comercio tiene que abrirse en ambos sentidos; de lo contrario, cada vez más voces pedirán tenerla cerrada.
Karel de Gucht y Michel Barnier, Comisarios Europeos de Comercio y Mercado Interior.