En España nos encontramos en un escenario de esfuerzo constante para tratar de encauzar el déficit público. Tras la imposibilidad de cumplir con el objetivo marcado para 2011 y, alejados del 4,4% del PIB para 2012, el Gobierno ha visto recortada su estimación del 5,8%, admitiendo Bruselas el 5,3%. Traduciendo estos porcentajes del PIB a millones de euros, partiendo de un 8,2% de déficit en 2011, el recorte necesario en este año se puede cifrar en unos 31.000.
Además, como hemos entrado, de nuevo, en recesión, tenemos que contar con el incremento de gastos para atender al desempleo y a las pensiones, lo cual nos podría llevar a tener que gastar otros 6.000 millones más, y queda por computar el aumento de intereses que pagaremos por nuestra deuda que pueden suponer en 2012 en torno a 6.000 millones más que en 2011. En definitiva, parece lógico, tras este alud de cifras, acudir a una sabia combinación de reducción de gastos y de incremento de ingresos.
En este contexto, y según fuentes gubernamentales, el Gobierno no tiene intención de aumentar el IVA y, con un IRPF sin margen de subida, después de las nuevas tarifas complementarias para 2012 y 2013, todo parece indicar que los impuestos especiales pueden tener recorrido y, cada vez más, se atisba como solución una reforma del Impuesto sobre Sociedades. Ya no se trata solo de la necesidad de simplificarlo o de corregir deficiencias técnicas de un tributo cuya norma original data de 1995 y ha sido modificada en innumerables ocasiones, no, se trataría de que este impuesto en 2007 llegó a recaudar casi 45.000 millones de euros y en 2010 ingresó poco más de 16.000 millones de euros (reducción del 63,86%), y esta caída no se corresponde linealmente con la disminución de beneficios de las empresas.
Así, parece posible que parte de esta pérdida de recaudación se deba a las modificaciones fiscales como la libertad de amortización o la reducción de tipos para las micropymes y de una mayor utilización de incentivos fiscales, en base y en cuota. Para darnos una idea de lo que está sucediendo, podemos acudir a la Memoria de Recaudación, constatando que el tipo efectivo de gravamen ha pasado del 23,3% en 2006 al 16,7% en 2010, cayendo en este último año al 9,9% si medimos el tipo efectivo en relación al resultado contable positivo, lo cual nos da idea de que la base imponible es mucho menor que el resultado contable, con la paradoja de que nuestros tipos nominales se encuentran entre los más elevados de nuestro entorno, lo cual hace menos atractivo nuestro país a la inversión extranjera.
Líneas de la reforma
Ante esta situación parece que el Gobierno podría proponer las siguientes líneas de reforma. En primer lugar una simplificación de calado del tributo ya que esta norma contiene numerosos regímenes especiales, de tipos de imposición diferentes, de múltiples deducciones, sometidas algunas de ellas a un calendario de reducción y desaparición, iniciativa sobre la que en varias ocasiones se ha dado marcha atrás. Con lo cual entienden que, de paso, se progresaría en seguridad jurídica y neutralidad.
Por otra parte, existen algunos aspectos técnicos mejorables. Sirvan de ejemplo las tablas de amortización, obsoletas y demasiado extensas, o los problemas que se originan por la deducibilidad de gastos financieros en filiales españolas, sobre todo después de modificar la norma de subcapitalización, permitiendo la deducción de los gastos de préstamos de empresas radicadas dentro de la UE por mandato de la jurisprudencia comunitaria.
Estas mismas fuentes gubernamentales indican que en cuanto a los incentivos, habría que calibrar muy bien la relación coste-beneficio de los mismos con la experiencia que tenemos y mantener, seguramente solo, lo relativo a la investigación y la innovación y a la reinversión de beneficios. Este último debería sustituir a la libertad de amortización y a la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios.
Por otro lado, existe un consenso generalizado entre los profesionales de revisar la valoración de las operaciones vinculadas racionalizando las obligaciones de documentación, reduciéndolas también cuando no intervengan partes no residentes y, sobre todo, modificando el régimen sancionador que se ha puesto en entredicho al admitir el Tribunal Constitucional a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el mismo. Se entiende que sería aconsejable aprovechar la ocasión para establecer, como se ha hecho en los territorios forales del País Vasco, unas normas de seguridad en las operaciones más frecuentes, tales como retribuciones de socios y administradores, arrendamientos de inmuebles e intereses de préstamos. Escuchando a unos y a otros, debemos de ser cautelosos a efectos de evitar que todo esto suponga una complicación para la internacionalización de nuestras empresas, y no transmitir o enviar una señal de presión fiscal en España, porque esto tendría efectos devastadores.
Valentí Pich Rosell, presidente del Consejo General del Colegio de Economistas.
