El ajuste del 5,3% en el déficit es un compromiso que nuestro Gobierno no puede permitirse el lujo de no cumplir porque se verían gravemente dañadas la confianza de Europa y los mercados en nuestra economía. Pero es necesario añadir, además, que pese a la flexibilización este compromiso supone un ajuste muy duro y nada fácil de cumplir en las actuales circunstancias de recesión. Se trata de reducir el déficit, en principio, alrededor de 35.000 millones de euros en 2012 y en torno a 25.000 millones el año siguiente.
En 2011 se redujeron 7.000 millones con una economía en crecimiento y, aun así, tuvimos la sensación de estar sujetos a importantes recortes. El esfuerzo para 2012 será cinco veces mayor y con una previsión de caída del PIB del -1,7%. El descenso de la actividad reducirá los ingresos y aumentará los gastos públicos, produciendo una desviación que el Gobierno ha cifrado en 9.000 millones. Por ello, alcanzar el objetivo de déficit en 2012 exigirá un ajuste de unos 44.000 millones, en torno al 4% del PIB, una contracción inédita en nuestra historia económica reciente. El ajuste más duro de las últimas décadas fue de 2,7 puntos y se produjo en 1987 cuando crecíamos al 5,7% y la contracción fiscal era incluso positiva para una economía recalentada. No puede, pues, excluirse que ajustes tan significativos como éste profundicen nuestra recesión este año y el próximo más allá de las previsiones vigentes. A no ser que los mandatarios europeos -donde reside y residirá cada vez más nuestra soberanía fiscal- flexibilicen, sobre todo en los plazos, sus rígidas y obsesivas apuestas por la austeridad fiscal. Este asunto parece por ahora muy improbable, pero, a medio plazo y por la fuerza de la testaruda realidad, no puede descartarse.
Formas de hacerlo
A este primer compromiso del Gobierno de reducir el déficit, se añaden otros dos sobre la forma de hacerlo: 1) el ajuste recaerá casi en su totalidad sobre el gasto público y 2) los gastos sociales deberán excluirse, a priori, del ajuste. Respecto al primer aspecto, el Gobierno ya ha aumentado, en contra de sus promesas, el IRPF y el IBI en unos 6.000 millones de euros y tiene la intención de que los 38.000 millones restantes pendientes de ajuste se realicen sólo con reducciones de gastos. Pero no todos los gastos se pueden reducir, y a la cantidad anterior hay que añadir otros 7.000 millones derivados de variaciones del gasto ya comprometidas: la diferencia entre el aumento de los gastos de pensiones, desempleo e intereses de la deuda en un total de 12.000 millones y la reducción de los gastos de los funcionarios en alrededor de 5.000 millones.
El conjunto de gastos citados representa alrededor del 60% del Presupuesto y, por tanto, los 45.000 millones en que habrá de reducirse el gasto total recaerán sólo sobre las partidas restantes, es decir, el 40% de los gastos presupuestarios. Esto significaría una disminución media entre el 20 y el 25% en dichos gastos, algo muy difícil de conseguir teniendo en cuenta la rigidez a la baja de muchos de ellos. Sería, por otro lado, conveniente para favorecer el crecimiento y no centrarse sólo en la austeridad, minimizar el impacto de los ajustes sobre la inversión pública, aunque el ministro de Economía ha anunciado una reducción del 40%. Así pues, si todo el ajuste recae en la reducción del gasto, existe un notable riesgo de desviación del déficit, por lo que no pueden descartarse, si se quiere cumplir el objetivo, nuevos aumentos de impuestos. En este supuesto, convendría decantarse por figuras que no afecten directamente a los incentivos a la actividad, como el IVA, cuya regresividad podría moderarse en la actual situación de baja demanda al evitar parte de su traslación a los precios, como ya ha sucedido en algún país.
Escaso margen de maniobra
Por su parte, supuesto nuestro escaso margen de maniobra para impulsar la inversión, los incentivos al crecimiento deberían venir una vez más de fuera del país, derivados de las necesarias políticas expansivas de Alemania y de otros países europeos. Por otra parte, el compromiso de que la reducción del déficit no afecte a los gastos sociales parece cumplirse, con matices, en las pensiones, pero puede no repetirse en sanidad y educación. La cuestión está relacionada con el ajuste exigido a las CCAA, que deciden sobre el 90% de los gastos públicos en sanidad y educación y a los que dedican, junto a los servicios sociales, el 70% de su presupuesto. Las CCAA están obligadas a disminuir a la mitad su déficit por dos razones: ellas fueron, al no reducirlo en absoluto en 2011, las responsables de dos tercios del desvío total y parece necesario racionalizar y adelgazar sus gastos de funcionamiento.
No obstante, si todo el ajuste recayera sobre este concepto, habría que rebajarlos un 35%, lo que resulta inviable e implica de nuevo un grave riesgo de desviación del déficit de distinta magnitud en cada comunidad. Aunque puede acudirse a diversas fuentes al alcance de las autonomías para incrementar sus ingresos, su manifiesta insuficiencia para resolver el problema obliga a realizar fuertes recortes en servicios sociales, y especialmente en sanidad y educación.
Recortes que se añaden a los que ya se vienen realizando y que afectarán bien a su cuantía, a su calidad, a su gratuidad o a su carácter público. Los gastos de sanidad y educación son significativamente inferiores en España en comparación con los principales países europeos. Además, constituyen, desde el punto de vista económico, la conservación de nuestro capital humano y, desde el punto de vista social, pilares básicos de nuestro Estado de bienestar. Convendría no sólo evitar su recorte sino fortalecer su peso económico y mejorar significativamente su calidad, aunque para ello deba implicarse financieramente la Administración central. El compromiso político será en este caso especialmente relevante.
Se plantean algunos interrogantes: ¿Cumplirá España con el ajuste comprometido pese a profundizar su recesión económica? ¿Cabe esperar de los dirigentes europeos una flexibilidad de más largo alcance para equilibrar las cuentas sin estrangular el crecimiento? ¿Se aumentarán los impuestos, y cuáles? ¿Es posible esperar de Alemania y de otros países europeos en situación similar una política fiscal expansiva para impulsar el crecimiento europeo? ¿Existirá voluntad política suficiente que permita encontrar fórmulas para reducir el déficit de las comunidades autónomas sin afectar a los gastos de sanidad y educación? Plantear las preguntas adecuadas es muchas veces parte de la solución de los problemas.
Agustín del Valle Garcés, profesor de Economía de EOI y exdirector del Servicio de Estudios del Banco Central Hispano.
