Esta semana participé en un programa televisivo cuyo objetivo se dirigía a discutir el problema del tamaño de las Administraciones Públicas y otros aspectos relacionados con éste, como es el número de funcionarios, las duplicidades existentes, el número de ayuntamientos, etc. También se trató el problema del copago sanitario, y si era oportuna o no su implantación.
El ritmo arrollador de estos debates no permite entrar con profundidad en los temas, y se va saltando de uno a otro casi sin solución de continuidad. Los tiempos están marcados y el director del programa -directora en este caso- lo fue conduciendo con una maestría verdaderamente elogiable.
En un momento, surgió el problema de la deuda del Estado. Y uno de los contertulios abundó en la idea de que todos somos responsables de ella. Incluso presentó un gráfico para demostrar que el endeudamiento privado de familias y empresas resulta ser el verdadero causante de la crisis económica actual. Algo que presenta únicamente una de las caras de la moneda. La deuda privada es ciertamente muy abultada, pero, en mi opinión, no es el principal problema, ya que lo habitual es que personas y empresas cumplan con sus compromisos.
Creo que a la hora de repartir culpas (o beneficios) hay que practicar una justicia más equitativa: saber dónde nacen los problemas y, por tanto, dónde hay que aplicar las correcciones. Un cuerpo enfermo no se puede curar si no se conoce el lugar de la dolencia. En este caso, el mal está en la deuda pública. Y los responsables son aquellos que han gestionado la cosa pública con excesiva largueza.
El hecho de que muchas personas hayan tomado créditos para cualquier necesidad que estimaran conveniente es, ni más ni menos, el resultado de sus decisiones como ciudadanos libres en un país libre. Algo que resulta enteramente positivo. Mucho más si las condiciones financieras que les ofrecieron en su día les resultaban atractivas. Es el normal comportamiento del libre intercambio de bienes: el simple juego de la oferta y la demanda que promueve la economía de mercado. Una práctica económica bien explicada desde Adam Smith. No es, por tanto, algo negativo en sí mismo, sino todo lo contrario. Otro tema será si dichas personas o empresas pueden atender las cargas de tales préstamos en un momento dado, para lo cual existen los mecanismos adecuados, ya sea obligando a pagar al deudor con otros activos, incluido el colateral, es decir, la propiedad objeto del préstamo; o incluso, si fuera preciso, ejecutar otras acciones de carácter punitivo según marcan las leyes.
Ante una cifra más alta
El grave problema que existe actualmente en la economía española está, a mi modo de ver, en la abultada deuda pública. Y así lo sostuve en el debate televisivo al que he hecho mención, indicando que la deuda pública total en España ha alcanzado ya el valor del PIB. Una afirmación que fue rápidamente refutada por algunos de mis compañeros de debate aludiendo que era mucho menor, aunque discrepaban entre ellos de la cantidad, si bien la estimaban por debajo del 70% del PIB. Sin embargo, mantengo lo dicho en público: desgraciadamente, la deuda pública total que soportamos los españoles es mucho más elevada que esa cifra, algo ya puesto en evidencia por el diario Financial Times hace un par de semanas. Me explicaré.
La deuda pública española no reside únicamente en lo que se da en llamar emisiones de deuda en sus distintas modalidades. Esto es sólo una parte. Una cantidad que, efectivamente, en términos porcentuales es menor que la de otros países, por ejemplo Alemania, Italia y Francia. Este capítulo era a finales de 2011 de unos 735.000 millones de euros. Es decir, el 68,5% del PIB (52% deuda estatal, 13% deuda autonómica y 3,5% deuda municipal, aproximadamente). Cifra acorde con la opinión de los contertulios del referido programa televisivo.
Sin embargo, hay que añadir otras partidas. Primero, lo que el Banco de España denomina ajustes por pasivos no incluidos y valoraciones: un total de unos 173.000 millones. Con lo que la suma de los dos conceptos alcanza casi 890.000 millones, lo que superaba el 82% del PIB a finales del año pasado. Una cifra que hoy, seguramente, será mayor. Pero aún hay otros conceptos: facturas pendientes de pago del Gobierno central, autonomías y ayuntamientos (alrededor de 70.000 millones), las deudas de las 4.000 empresas públicas (unos 56.000 millones), y otros pasivos contingentes, como son: emisiones de entidades bancarias garantizadas por el Estado (98.000 millones en 2011), inyecciones financieras del Frob (casi 15.000 millones), préstamos del ICO (unos 17.000 millones), déficit de la tarifa eléctrica (25.000 millones), e incluso el pasivo de las concesionarias de autopistas, que alcanza los 3.000 millones. Un total del orden de los 170.000 millones adicionales, en los que no están incluidos los compromisos pendientes de pago del Ministerio de Defensa y otros conceptos que seguramente estarán aún pendientes de cuantificar o durmiendo en algún cajón. Es decir, una cifra que en su globalidad ya ha superado el PIB, y que deberá ser abonada por los españoles de una u otra manera.
Eduardo Olier. Director de la cátedra Geoeconómica Universidad CEU San Pablo.
