El tamaño global del déficit de las comunidades autónomas fue en 2011 similar al de 2010. El objetivo de reducción significativa del mismo durante el año pasado no se ha alcanzado. A pesar de los esfuerzos individuales de algunas comunidades por ajustar sus objetivos presupuestarios al aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la mayoría de las previsiones apuntaban a la dificultad para cumplir con el objetivo establecido, debido, fundamentalmente, a la persistencia de la recesión económica y a la ausencia de medidas de transformación estructural.
Hace ya más de una década, los españoles, conscientes de la importancia de la sostenibilidad de las cuentas públicas en el medio y largo plazo, afectadas por el riesgo de la evolución demográfica, promulgamos la normativa sobre estabilidad presupuestaria. En 2011, le hemos dado rango constitucional. Somos conscientes de que la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas es la única vía para garantizar en el largo plazo la pervivencia del Estado del bienestar que en las últimas décadas nos hemos otorgado, similar al construido en los países de nuestro entorno, aunque en nuestro caso se haya desarrollado a una velocidad mayor.
Sin embargo, no hemos sido capaces de afrontar, hasta la fecha, como país, la reducción decidida del déficit público en las comunidades autónomas. La formación de un nuevo Gobierno tras las elecciones de noviembre que ha puesto entre sus principales prioridades la reducción del déficit y su disposición a ordenar sus prioridades políticas para el cumplimiento de este objetivo supone un cambio relevante.
No obstante, la recaída en la recesión económica, la elevada rigidez a la baja del gasto autonómico, especialmente en el corto plazo, y el necesario período de ejecución de las medidas que se adopten para alcanzar su plena efectividad suscitan dudas sobre la posibilidad real de que las comunidades autónomas, en particular, y el Estado español, en general, cumplan el objetivo de déficit definido por la Comisión Europea hace unos días para 2012.
El retraso en la adopción de una política presupuestaria que apueste decididamente por la consolidación fiscal hace que el punto de inicio de la senda de ajuste se haya diferido de modo importante. La reducción del déficit precisa abordar la reforma estructural de la Administración Pública española, incluyendo en la misma la restructuración del sistema competencial y del de financiación, la reformulación de los esquemas orgánicos de cada nivel administrativo y la consideración de la eficiencia como el hilo conductor de la organización de la Administración. A finales de marzo de 2012 apenas se ha iniciado este proceso de reformas. Recién hecha pública la primera fase de la reestructuración del sector empresarial del Estado, similar a otras realizadas en otros niveles administrativos, aún está pendiente el grueso del proceso de transformación. Considerando el grado de compromiso de los créditos para gastos de un presupuesto público a estas alturas de año, así como el plazo de ejecución y puesta en actividad de cualquier proceso de transformación, es difícil pensar que sus efectos durante este ejercicio van a ser tan intensos que permitan una reducción firme del déficit. Este problema no es intranscendente, pero no debe distraernos de nuestro objetivo principal.
Casi todo por hacer
Para alcanzar una reducción sostenida del déficit hasta el 3% en 2013, debemos iniciar ya el proceso de reforma al que hemos hecho referencia. La dificultad para alcanzar el déficit pretendido para 2012 forma parte de la realidad de los hechos: desde 2009 hasta 2011, sólo se han reducido 2,7 puntos de déficit, de los 8,2 que debían reducirse hasta 2013. Es evidente que queda casi todo por hacer, pero pensemos en el medio plazo y evaluemos las medidas que pretenden la consecución de la deseada disminución del déficit obviando que algunas de ellas sólo tendrán efectos plenos en 2013. No permitamos que la discusión sobre objetivos inmediatos nos impida cumplir el objetivo relevante.
Cándido Pérez Serrano. Socio responsable de Infraestructuras, Transporte Gobierno y Sanidad de KPMG en España.
