Aunque las manifestaciones del pasado domingo pusieron de relieve que las organizaciones sindicales no poseen precisamente una indescriptible capacidad de convocatoria, es evidente que, dada la prodigalidad con que han lanzado la anteriores huelgas generales, tendrían muy difícil justificar no ir también esta vez a la taumatúrgica medida, tan inútil como onerosa y cargada de arcanas resonancias ideológicas. En efecto, si la organizaron el 29 de septiembre de 2010 al hilo de la tímida reforma laboral de Rodríguez Zapatero, que tuvo mucho cuidado de no lesionar alguna de las llamadas conquistas históricas del movimiento obrero, habrán de hacerlo ahora con mucho mayor motivo ya que la reforma de Rajoy, además de arrasar alguno de los anacronismos que todavía provenía de la dictadura, toma decisiones que claramente anteponen la supervivencia de la empresa a los derechos de los trabajadores y ubica a la negociación colectiva en un disparadero que puede representar la irrelevancia de los sindicatos, ya que se anteponen los convenios de empresa, que el empresario pacta con sus trabajadores, a los sectoriales y territoriales.
Sucede sin embargo que entre aquella huelga general y la convocada para el próximo día 29 median nada menos que unas elecciones generales, que han otorgado al Partido Popular holgada mayoría absoluta. Y no hay que ser un analista muy avezado para interpretar que esta decisión del electorado español no sólo tenía móviles partidistas: guste reconocerlo o no, también representaba una apuesta por las soluciones conservadoras a la crisis, por las fórmulas que el directorio europeo ha impuesto y que acaban de plasmarse en el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza que se ha aprobado en Bruselas este mismo mes. Si Zapatero adoptó contra su voluntad el gran ajuste de mayo de 2010, que supuso su inmolación, ahora los electores han optado por dar el poder a un Rajoy que cree en la austeridad y en las duras reformas estructurales, y que pertenece a la misma familia ideológica de quienes están hoy tomando las decisiones en Europa. En otras palabras, este Gobierno tiene legitimidad plena para hacer lo que hace, con o sin la aquiescencia de los sindicatos.
Influir sobre la reforma
Así las cosas, las centrales son muy dueñas de reaccionar como crean oportuno, pero a la vista de lo inútil de su resistencia numantina, y cuando es evidente que una huelga general no conviene al país por múltiples motivos, quizá lo lógico sería aplazar el gran paro laboral y empeñarse en tratar de influir sobre la reforma definitiva que emanará de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. No van a imponer su criterio, pero sí podrían matizar la norma.
Antes y después del 20N, nuestro país, con la soberanía limitada por la pertenencia a Europa y camino de ser un ente federado de la futura federación en que se está convirtiendo el Eurogrupo, ha tenido que plegarse al pensamiento europeo predominante, que en este momento es neoconservador. Evidentemente, la política democrática es por definición abierta y el predominio actual de la derecha en la Unión -tan sólo en cinco países de los 27 los socialdemócratas están en el poder, contando Eslovaquia- es sin duda excepcional, y desde luego nada podría oponerse a que el centro-izquierda se convierta en hegemónico algún día en la Unión, si prosperan las iniciativas como la que Hollande está defendiendo en Francia con vistas a las presidenciales de abril y mayo.
Pero de momento, la presión de CCOO y UGT para tratar de impedir que un Gobierno del PP recién llegado al poder lleve a cabo su proyecto político es perfectamente inútil y, a todas luces, de dudosa oportunidad.
