Dos argumentos corren interesadamente a ambos lados del espectro político para justificar el incumplimiento de nuestros compromisos sobre déficit público (nótese que Pérez Rubalcaba se adelantó al plan, incluso antes de oficializarse el engaño sobre su volumen): que el Gobierno es incapaz de cumplir con tamaña reducción, ampliada tras la impostura de cifras y previsiones, y que dicho ajuste exigiría tales sacrificios que profundizaría los problemas de crecimiento de nuestra economía. Todo lo cual es un error.
A pesar de la búsqueda de comprensión europea, la medida deteriora -si no agrava- a corto plazo nuestro prestigio y fiabilidad, esparciendo sospechas sobre nuestra capacidad para no alterar o poner en peligro al resto de socios de la moneda única. Y no sólo son Alemania o Francia. Holanda, Austria, Suecia, Finlandia y hasta Luxemburgo, hartos de ser los únicos miembros que cumplen las reglas, se suman a los recelos que recaen sobre ciertos países de incumplidores, de falta de rigor o seriedad, de engañadores... como los griegos. Todo ello en un marco, el de Bruselas, copado e influido internamente por funcionarios y burócratas que se fiaban mucho, tal vez en demasía, de los miembros del anterior Gobierno español (desde Solbes, Taguas y Campa hasta Almunia, a quienes conocían), pero que desconfían de los actuales representantes. Acaso en esta clave pueda entenderse la decisión de Rajoy, interpretada por algunos como un alarde de soberanía y autonomía de acción frente a Bruselas. En todo caso, el incumplimiento y relajación del objetivo de déficit público no deja en buen lugar al Gobierno respecto del exterior y amortigua el posible efecto epatante de las reformas emprendidas hasta el momento en poco tiempo.
Si los ciudadanos pueden, los políticos también
En segundo lugar, ¿qué hace que, a diferencia de los ciudadanos, las autoridades puedan incumplir sus compromisos o contratos sin más? Los individuos hacemos lo indecible para ajustarnos, sacrificarnos y recomponer nuestros desequilibrios y los impactos de pérdida de riqueza que llevamos sufriendo desde finales de 2007. ¿Puede decirse que los gobiernos y políticos hayan actuado de forma similar? A juzgar por las sendas del déficit y la deuda pública, en absoluto. ¿Por qué los políticos siempre obtienen excusa para, en lugar de ajustarse ellos, hacérselo pagar al contribuyente, presente o futuro? La decisión tendrá efectos reflejo en la petición equivalente de autonomías y ayuntamientos respecto del relajamiento en el cumplimiento de gasto, déficit y deuda, perdiendo una oportunidad única de reformar nuestro modelo de Administración y Estado del Bienestar así como su financiación.
En tercer lugar, no es cierto que no se pueda, salvo a costa -se entiende- de deprimir más la economía, profundizar la recesión y destruir más empleo, lograr la disminución en el gasto (déficit) comprometida. Al revés de lo que se afirma, tal reducción es necesaria, aunque no suficiente, para que la economía española inicie su repunte. Es decir, contrariamente a quienes defienden que mayores recortes de gasto y déficit del decidido o hasta el objetivo previo hundirán nuestra economía, a medio y largo plazo esos y más recortes nos permitirán crecer y serán clave para ello; si bien es cierto y evidente, por mera contabilidad, que estadísticamente se producirá un efecto depresivo como consecuencia de la contracción del gasto público, pero desde luego no en la proporción que se da a entender (un impacto en el crecimiento casi equivalente a la reducción acometida en el gasto y el déficit).
¡Vamos que, según esos argumentos, con más gasto y déficit crecemos algo más (o no decrecemos tanto) y se crea empleo (o no se destruye tanto)! ¡Como si, mirando al pasado reciente, donde gasto, déficit y deuda crecieron a ritmos importantes, eso hubiese sido verdad o como si el excesivo gasto y déficit decididos por las autoridades en los años pasados, que también han disparado la deuda pública, no hubieran tenido nada que ver con nuestra actual situación de recesión y desempleo!
No. El Gobierno español se declara incapaz de reducir en 40.000, 50.000 o 60.000 millones más su gasto y, de paso, de obligar a reducir el gasto de las Comunidades Autónomas y corporaciones locales y cumplir el equilibrio presupuestario, cuando la realidad es que no sólo puede sino que debe -y deberá- hacerlo. Porque no podemos permitirnos no ya gastar más de lo que se ingresa sino gastar tantísimo como gastan las autoridades, y porque esta es la oportunidad de acometer la reforma del Estado y de su financiación, respetuosa con la libertad individual, que una reducción de tal magnitud comportaría o exigiría realizar.
Fernando Méndez Ibisate, profesor de Economía de la UCM.
