Era previsible. Hay quien pensará que con los ajustes a los que están obligadas las CCAA -después de que se aclarase a medias el panorama de los objetivos de déficit para 2012, pues todavía debe pronunciarse la Comisión Europea- se inicia el desmantelamiento del sistema de competencias autonómicas y de prestaciones sociales que nos habíamos dado, un tanto al tran-tran, desde los inicios de la transición. Fue bueno mientras duró, añadirán.
También, habrá quienes piensen que, por el contrario, esta crisis está trayendo aires obligados de racionalidad y que, gracias al encaje de los aspectos más duros del ajuste, tendremos administraciones autonómicas más responsables ante sus administrados y éstos sabrán a qué atenerse a la hora de reclamar servicios públicos y hacerlo de forma sostenible. Una gran oportunidad para construir un verdadero sistema autonómico a la altura de lo que podamos permitirnos.
Entre medias de estas dos visiones, convendrá, sin embargo, analizar las causas y los factores coadyuvantes, ya que la casuística autonómica también es muy variada. Desde las dificultades de deuda que se observan en Valencia, Castilla-La Mancha, Cataluña o Baleares, hasta las menos severas de País Vasco, Madrid, Asturias, Castilla y León o Canarias, hay más de 10 puntos porcentuales de sus PIB respectivos. En lo que se refiere a déficit, sólo la Comunidad de Madrid cumplió en 2011 con el objetivo señalado del 1,3% quedándose en el 1,13%. En contraste, Castilla-La Mancha se paso 6 puntos porcentuales, hasta el 7,3% de su Producto Interior Bruto.
Nada evitará que todas las CCAA tengan que hacer importantes ajustes en sus presupuestos para este año si quieren cumplir con los objetivos establecidos o sus variantes de flexibilidad por adoptar, ello en un contexto de recesión económica declarada que sigue mermando su capacidad de obtener recursos. No se olvide, tampoco, que los objetivos de déficit para el año 2013 siguen siendo los acordados con Bruselas con anterioridad.
La solución a corto plazo no existe, salvo mostrar mucho ingenio del bueno a la hora de reducir el elevado déficit estructural existente. Ello implicará ajustes ineludibles en muchas políticas autonómicas consideradas intocables, hasta el punto en que más de un gobierno autonómico empezará a hablar regularmente de "devolución" de competencias.
A medio y largo plazo, la solución pasará por el impulso que se pueda dar a las fuentes de crecimiento económico en cada región. De nuevo, en este campo se encuentran diferencias notables y casos ejemplares. En todas las regiones se pueden encontrar excelentes buenas prácticas empresariales, clústeres de actividades productivas competitivos, patrones de especialización avanzados, escala empresarial, etc. Pero en unas regiones más que en otras y no en todas en la masa crítica necesaria. Tomemos algunos ejemplos. En el País Vasco, la estructura por tramos de tamaño del tejido empresarial no difiere mucho del que se encuentra en otras regiones menos avanzadas, pero las pequeñas diferencias observadas (apenas dos puntos porcentuales a su favor en las escalas de entre 10 y 1000 asalariados) pueden explicar en una medida relevante, junto a otros factores, claro, que el desempeño económico de unas y otras sea muy diferente.
No cabe duda de que el desempeño general de una economía territorial depende de multitud de factores, no sólo del tamaño de sus empresas, pero en este tamaño desembocan los efectos de muchos otros factores más o menos al alcance de las políticas seguidas en cada caso. La Comunidad de Madrid, por poner otro ejemplo, es un pequeño paradigma de una buena combinación de factores diversos: posee el único hub aeroportuario, digno de llamarse así, que hay en el sur de Europa, sus gobiernos han sido desde hace mucho tiempo pro-business, han promovido infraestructuras de transporte colectivo de alcance regional de manera prioritaria, estimulado modelos innovadores de gestión público-privada de servicios colectivos y su ciudad capital, una de las grandes ciudades europeas, hace tiempo que ha dejado de ser la villa y corte para convertirse en la anfitriona de muchas empresas de servicios avanzados.
No todas las regiones tienen estos atractivos, pero pueden tener atractivos incluso mejores. Lo que sucede es que no todas los han jugado de la misma manera en el tablero del crecimiento. Bajo un paraguas normativo en las grandes áreas de la política pública que sigue siendo en buena medida estatal, cada región ha buscado por su propia vía, y encontrado al final, aquellos márgenes que le han permitido llegar a los niveles que ocupa en la actualidad, o que le han impedido superarlos.
A pesar de la rápida convergencia en renta per cápita hasta antes de la crisis, con el panorama presupuestario y de crecimiento que tenemos por delante para los próximos años, la situación presente en materia de déficit, endeudamiento y desempeño económico general marcará un punto de partida difícil de revertir u homogeneizar con una política de solidaridad territorial para la que cada vez quedan menos recursos. Habrá que aguzar el ingenio, ya que es evidente que para mantener el nivel y calidad de los servicios públicos, dado el déficit de recursos existente, el contribuyente, por una parte, y/o el usuario, por otra, habrán de aportar directamente, al tiempo que se alcanzan fuertes ganancias de eficiencia en la prestación de dichos servicios.
César Cantalapiedra y José A. Herce, socios de AFI.
