En 2011, el déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas (AAPP) se situó en el 8,5% del PIB, dos puntos superior al proyectado por el anterior Gabinete. El Gobierno se enfrenta a una tarea titánica en un entorno económico muy adverso. La persistencia de la restricción crediticia, del aumento del paro, del desapalancamiento del sector privado junto a la recesión de la economía europea y al debilitamiento de la global conducen de manera inexorable a un crecimiento económico negativo del PIB español no inferior al 2% en 2012. Éste es el dramático punto de partida para elaborar unos Presupuestos creíbles y capaces de asentar el proceso de consolidación fiscal sobre bases sólidas.
Desde esa premisa, terminar 2012 con un déficit del 4,4% del PIB parecería inalcanzable. El Gobierno debería de ahorrar en este ejercicio presupuestario 4,1 puntos de producto Interior Bruto, esto es, 31.892 millones de euros, si se acepta que la mix aumento de la fiscalidad directa-recorte del gasto introducida el pasado 30 de diciembre restará 15.189 millones de euros al desequilibrio de las finanzas públicas. La tesis general es que un ajuste de esa naturaleza es una misión imposible y, en consecuencia, el Gobierno debería solicitar una revisión al alza del objetivo de déficit remitido por el PSOE a Bruselas. Se ha producido un cambio en las condiciones que fijaron esa meta y es lógico modificarlas. Esto es correcto, pero es importante abordar la tesis de la imposibilidad de recortar el agujero presupuestario hasta el 4,4% en 2012.
No habrá recuperación antes de 2014
En principio, un Gabinete con mayoría absoluta tiene poder para reducir el gasto público lo que quiera. Otra cosa es que considere oportuno o no hacerlo. En este sentido hay dos factores que aconsejarían aplicar una estrategia radical. Por un lado, salvo sorpresas, la economía española no se recuperará antes de 2014 y, en consecuencia, es impensable esperar un aumento de la recaudación de la suficiente intensidad como para recortar el déficit de las Administraciones Públicas de modo significativo; por otro, el retraso de la reactivación aumentará las protestas sociales ante el supuesto fracaso de la estrategia reformista del Ejecutivo. Por ello, el momento político para introducir transformaciones profundas en un modelo socioeconómico es cuando un Gobierno inicia su mandato y mantiene intacta su fuerza y su credibilidad.
En el peor de los casos, una terapia de choque antidéficit no tendría efectos económicos y sociales peores de los que supone no realizarla. Es decir, no supondría costes adicionales para el Gobierno. Si se acepta la sabiduría convencional de que el binomio austeridad-reformas estructurales no tiene efectos estimulantes en el corto plazo, será mucho más complicado mantener una estrategia de esa naturaleza a lo largo de los próximos años, porque las fuerzas de oposición a ella serán más poderosas. Por ello, una guerra relámpago contra el déficit tiene mayores posibilidades de prosperar políticamente y de surtir efecto que una progresiva. Además, produciría un cambio radical en las expectativas de los agentes económicos y de los mercados, acelerando la salida de la crisis.
Efectos de las contracciones fiscales
La evidencia empírica enseña que si las grandes contracciones fiscales producen una reducción permanente de los déficit, generan tres efectos: primero, las familias y las empresas descartan ulteriores subidas de impuestos para financiarlos, lo que estimula el consumo y la inversión privada; segundo, reducen la prima de riesgo de la deuda e inducen un descenso de los tipos de interés que eleva el valor de los bonos y de las acciones incrementando la riqueza financiera de las familias y de las empresas; tercero, reducen las necesidades de financiación del sector público liberando recursos para el privado. En conclusión, tienen consecuencias expansivas sobre la actividad económica.
En cualquier caso, los Presupuestos Generales del Estado para 2012 han de centrarse en una drástica restricción de los desembolsos del sector público. La causa fundamental del lamentable estado de las cuentas públicas españolas no es el descenso de los ingresos, sino la consolidación de una estructura de gasto insostenible salvo en un escenario de crecimiento del PIB similar al registrado entre 1996 y 2007, burbuja inmobiliaria incorporada, que se mantuviese por tiempo indefinido. Resulta evidente que la materialización de esa hipótesis pertenece al reino de la utopía. Si se opta por una aproximación progresiva a la reducción del déficit, es tan importante saber tanto lo que debe como lo que no debe hacerse.
Contra el aumento de impuestos
De entrada, es básico no aumentar de nuevo los impuestos. Con la subida del IRPF y de la fiscalidad sobre las Rentas del Capital, el Gobierno quiso transmitir a los mercados y a sus socios europeos su compromiso con el rigor presupuestario. Sin embargo, el impacto de esa decisión sobre el consumo y sobre la inversión privada es negativo y, por tanto, su efecto recaudatorio será marginal. Se verá compensado por la caída de la demanda interna, en especial, del consumo privado. En la actual coyuntura española, cualquier alza impositiva adicional sólo servirá para agudizar la recesión y retardar la superación de la crisis. Las familias y las empresas españolas están realizando un esfuerzo extraordinario para corregir sus desequilibrios y ahora corresponde al sector público tomar el relevo. Esta lógica resulta inapelable en términos de eficiencia y de justicia.
Así pues, el gasto ha de soportar la totalidad del ajuste presupuestario pendiente y ello exige acometer recortes y reformas en todas sus partidas, incluidas las del denominado Estado del Bienestar. Sin tocar esos programas, el ajuste no será creíble ni sostenible. Son demasiado grandes para ser ignorados. La financiación de servicios públicos como la educación y la sanidad ha de ser reducida dando entrada al sector privado en su provisión. Las televisiones y las casi 5.000 empresas, entes estatales, autonómicos y locales han de cerrarse y, cuando ello sea posible, privatizarse. Los puertos, los aeropuertos o la lotería pueden venderse al sector privado. Los ejemplos podrían extenderse casi hasta el infinito.
Es perfectamente posible achicar de una sola tacada, valga el casticismo, 31.811 millones de euros en 2012. No es una misión imposible; eso sí, requiere decisión, coraje, convicción y algo de imaginación. Pero sostener esta postura es tan defendible como la de ir por la vía progresiva.
Lorenzo Bernaldo de Quirós, miembro del Consejo Editorial de elEconomista.
