Según los datos aportados por el Gobierno el lunes, el déficit público de Cataluña en 2011 casi triplicó el objetivo marcado del 1,3% del PIB. Fue del 3,72%, a pesar del doloroso ajuste que llevó a cabo el gobierno catalán de CiU, que gobierna en minoría y que está haciendo girar su ejecutoria, muy complicada a causa de la crisis, en torno de la exigencia del pacto fiscal. Obligado a practicar una intensa política de austeridad, trata de aliviar la impopularidad buscando responsabilidades externas que provendrían del propio sistema autonómico: Cataluña sería víctima de un modelo de solidaridad con el resto del Estado que le obligaría a aportar al fondo común colectivo mucho más de lo que recibe.
La reforma del Estatuto de Cataluña, impulsada por Maragall, pretendió remediar aquel desequilibrio, sin demasiado éxito. A presiones de Cataluña, se publicaron las balanzas fiscales y el texto del Estatuto llegó a contener ciertos límites a la solidaridad interterritorial, fijada en el artículo 138 de la Constitución. Por ello precisamente, la sentencia del Constitucional de junio de 2012 sobre el Estatuto declaró inconstitucional y por tanto nulo el inciso 3 del artículo 206 que ponía límites a la solidaridad.
Aquellos recortes del Constitucional fueron muy mal recibidos por el nacionalismo catalán, e incluso el patriarca de CiU, Jordi Pujol, ya en la retaguardia política, consideró aquella afrenta suficiente para que Cataluña se planteara seriamente la secesión del Estado español. En cualquier caso, la reivindicación del pacto fiscal, entendido como una limitación de la aportación catalana a la Hacienda común, está plenamente viva. Y se ha agitado de nuevo enfáticamente a raíz ciertos movimientos de los länder en Alemania, recogidos con fruición por la prensa catalana.
El 9 de febrero, La Vanguardia decía en un comentario editorial: "La Alemania federal ha entrado en un proceso que puede terminar en el Tribunal Constitucional por la solidaridad fiscal entre los estados (länder). Baviera -que transfiere casi la mitad de los 7.300 millones de euros con que los tres estados más ricos subsidian anualmente al resto de los federados- ha puesto como límite el final de marzo para revisar las cuentas en un nuevo pacto fiscal. En caso contrario, amenaza con acudir al Alto Tribunal, demanda a la que podrían sumarse Hesse y Baden-Württemberg".
Las cuentas que se manejan en Cataluña, seguramente erróneas, son poco congruentes con una reclamación tan consistente: en una información del 12 de febrero, el mismo periódico explicaba que Baviera, con un PIB de 442.000 millones de euros, aportaría a la solidaridad federal 3.491 millones "de los casi 7.000 millones que pasaron de los ricos a los pobres en el 2011". Si fuesen ciertos estos cómputos, la cantidad detraída no llegaría al 1% del PIB. Por lo que tampoco tendría sentido la exigencia -manejada sin fundamento en medios del nacionalismo catalán- de que el déficit fiscal de cada länder no rebase el 4% del PIB.
Límites a la solidaridad
Dicho lo anterior, parecería lógico reconocer que algo de razón tiene Cataluña cuando pide que se establezcan algunos límites a la solidaridad siguiendo el ejemplo europeo: la Unión ha proporcionado a los socios que se han ido agregando fondos estructurales y de cohesión para facilitar su desarrollo hasta que los países beneficiarios se han aproximado al PIB per capita promedio de la UE. Estos mecanismos de nivelación son plausibles cuando no frustran el crecimiento de los donantes ni desincentivan a los receptores. Y ambas cosas pueden haber sucedido en nuestro país.
En otras palabras, podría tener sentido revisar, no el estatus de Cataluña en exclusiva en el seno del Estado de las Autonomías, sino la organización del conjunto, las reglas federalizantes y por tanto homogéneas tendentes a la nivelación, de forma que ni las regiones ricas tuvieran que padecer un expolio excesivo que las obligara a dejar de ser las locomotoras del Estado, ni las pobres tuvieran garantizada la ayuda aunque no se esforzasen por mejorar su posición. Naturalmente, sería muy difícil encajar estos criterios relativos a las comunidades autónomas de régimen general sin extender de algún modo la regla a los territorios forales. No para privarles del fuero, sino para graduar los retornos a la Hacienda estatal modulando de forma paccionada las ventajas relativas de que hoy gozan el País Vasco y Navarra.
Naturalmente, una reforma de esta naturaleza, que tendría carácter cuasi constituyente, requeriría un consenso amplísimo, que sólo sería posible en momentos de cierta estabilidad general. La gravísima crisis que padecemos vuelve francamente inoportunas estas especulaciones. Pero no estaría mal que, en lugar de propinar el proverbial portazo a estas demandas, la propuesta catalana, planteada correctamente, recibiera de las instituciones y los partidos la acogida que merece cualquier idea que se mantiene en el marco del sentido común.
Antonio Papell, periodista.
