Con una tasa de paro absolutamente desbocada (prácticamente en el 23%), es comprensible que la reforma del mercado laboral aprobada por el Gobierno genere en la ciudadanía una gran pregunta: ¿va a servir para crear empleo?
Sin embargo, es sabido que nadie ha descubierto aún la pócima mágica y que el empleo no surge por generación espontánea, sino que va íntimamente ligado a la actividad del emprendedor y al crecimiento de las empresas. Por lo tanto, o se dan las circunstancias apropiadas, o nadie va a crear puestos de trabajo milagrosamente.
De ahí precisamente la esperanza contenida que, en mi opinión, se atisba actualmente en una gran mayoría de los españoles, como consecuencia de las sucesivas reformas que está impulsado el nuevo Gobierno de España. Porque lo urgente era, en efecto, acometer un conjunto de reformas de carácter estructural, que permitan recuperar el rumbo de la economía nacional, de manera que a medio plazo podamos situarnos de nuevo en la senda del crecimiento económico.
Es decir, el grado de eficacia de la reforma laboral aprobada el pasado día 10 será mayor o menor, en función del éxito del conjunto de las medidas que tiene previsto aprobar el Gobierno en el primer trimestre de este ejercicio. Entre ellas, algunas de las más importantes ya han visto la luz, como la que afecta al sector financiero, la estabilidad de las cuentas públicas o la propia reforma del mercado de trabajo, ahora sólo pendiente de recibir el aval de las Cortes.
En este contexto, la reforma laboral aprobada es, en mi opinión, un instrumento más, que podría ser mejorado en el periodo de trámite parlamentario. Pero un instrumento clave, sin duda, que contribuirá eficazmente a frenar la sangría del paro en España este mismo año; y que permitirá situar el marco de las relaciones laborales de nuestro país en un nivel muy similar al de nuestros socios comunitarios.
Creo que esta nueva ley no aborda decididamente la simplificación de los modelos de contratación y que, además, se podría mejorar en aspectos concretos, como el desarrollo formativo, la reducción del absentismo y los mecanismos de arbitraje y mediación. Sin embargo, sí avanza sustancialmente en otros ámbitos de vital importancia. Entre ellos, por ejemplo, el hecho de otorgar a la empresa la capacidad suficiente para adaptar sus recursos a las situaciones de crisis, de manera que pueda afrontar un periodo de menores ventas sin recurrir necesariamente al recorte de la plantilla, como hasta ahora. O los incentivos que contempla para promover la contratación de empleados jóvenes, especialmente por parte de los autónomos y de pequeñas empresas, que son -como hemos insistido en los últimos años- la principal fuente de empleo en España. O, por otro lado, la nueva función de las ETT como empresas de colocación, las nuevas oportunidades del teletrabajo y el desarrollo de las posibilidades que ofrece el empleo a tiempo parcial.
Lo que no comprendo es la inusitada urgencia por conocer la eficacia de esta reforma, en términos de empleo, por parte de quienes la han negado, o frenado, durante más de cinco años. Si las condiciones del mercado laboral se mantuvieron inmóviles hasta 2010 y en julio de ese año se aprobó una reforma claramente insuficiente, precisamente por la presión de quienes no quisieron cambiar nada para que nada mejorase, ¿qué justifica ahora tal urgencia por conocer los efectos concretos de una nueva normativa que, como es bien sabido, sólo puede ofrecer resultados a medio plazo?
Es probable que no hayamos sabido trasladar a la opinión pública el significado de algunos conceptos que han cambiado en los últimos años con mayor o menor intención, con mayor o menor acierto. Pero, en todo caso, creo que sí merece la pena recordar que el término empresario sigue siendo sinónimo de empleador. En el ADN del empresario reside el gen que inspira la creación de riqueza y de empleo.
Jesús María Terciado Valls, Presidente de Cepyme.
