Desde un punto de vista político, la reforma laboral impulsada por el Gobierno del PP rompe con el modelo corporativo estatista heredado del franquismo y apuntalado en los primeros cuarenta años de la democracia. Desde la óptica económica, introduce un conjunto de medidas necesarias para reducir el paro y crear empleo, cuyo soporte teórico y empírico es abrumador. El Gabinete popular y su ministra de Trabajo, Fátima Báñez, han realizado un ejercicio de responsabilidad al acometer un cambio imprescindible para acabar con un modelo de relaciones laborales que era un monumento al desempleo. Como siempre sucede, unos la consideran excesiva y otros insuficiente. Esa dicotomía evaluativa es el destino de cualquier iniciativa de esta naturaleza, una constante histórica de todos los programas reformistas. Serán pues sus resultados los que determinen el veredicto final.
Aspectos mejorables
Dicho esto, hay aspectos mejorables que deberían corregirse en la tramitación parlamentaria de la reforma, por ejemplo la vigencia de dos años de la ultra actividad de los convenios, y quedan otros pendientes en espera de la reducción del déficit como la rebaja de cuotas empresariales a la Seguridad Social. Tal vez hubiese sido más sencillo limitar la vigencia de los convenios sectoriales o provinciales a las empresas que los firmen en vez de introducir el mecanismo de descuelgue o también podría ser más efectivo para estimular la búsqueda de empleo reducir el tiempo de duración de la prestación por desempleo. Ahora bien, la transformación es revolucionaria frente al escenario existente hasta el momento.
Todas las vacas sagradas del mercado de trabajo, consideradas intocables desde hace décadas, han sufrido una profunda transformación. En el plano de las ideas, se ha producido el final de la Transición en el ámbito laboral, el canto del cisne de un sistema mucho más parecido al del Viejo Régimen, con su paternalismo regulatorio y sus sindicatos verticales, que al de una economía de mercado.
Spain is different
En consecuencia era de esperar, como ha sucedido, que los mercados financieros y los organismos internacionales valorasen de manera positiva la reforma. La regulación laboral era el símbolo del Spain is different frente a los demás países de nuestro entorno y, en consecuencia, su contenido y alcance eran un test fundamental para evaluar la credibilidad del impulso reformista del nuevo Gobierno. Retoques parciales como los realizados en los últimos treinta años, hubiesen tenido un impacto letal sobre las expectativas de los inversores, disparando el riesgo sistémico del país. Sin una transformación del marco laboral del calado de la planteada por el Ejecutivo, la hipótesis de una intervención de la economía nacional tendría altas probabilidades de materializarse. En este sentido, la reforma bancaria de hace dos semanas y la del mercado de trabajo son piezas básicas para recuperar la confianza de los mercados.
La airada reacción sindical contra la iniciativa gubernamental es lógica y previsible. Se ha terminado con un estado de cosas en virtud del cual un aparato regulatorio irracional concedía a las centrales una posición dominante en el mercado de trabajo español a cambio de comprar paz social; eso sí, a un precio desorbitado, un paro estructural muy elevado en los auges y en las recesiones. La panoplia de privilegios sindicales no sólo era injustificable en términos sociales y económicos, sino incompatible con el principio de igualdad ante la ley propio de un Estado de Derecho. Aunque resulte paradójico, los sindicatos han sido los beneficiarios y, en gran parte, víctimas de esta situación. Las centrales se han convertido en una gigantesca nomenklatura paraestatal, desligada de sus teóricos representados, que defiende tan sólo sus intereses, es decir, su poder y su dinero. El discurso de los señores Méndez y Toxo recuerda el de los viejos dinosaurios del politburó de la extinta URSS o, con mayor cercanía geográfica, el del difunto Girón de Velasco.
Si los sindicatos se quejan...
Si los sindicatos optan por ir a una huelga general a causa de esta reforma, es porque ha merecido la pena hacerla. Ésta es una prueba inequívoca de su bondad. Los dirigentes sindicales no parecen dispuestos a emular a los viejos y patrióticos procuradores franquistas cuando se hicieron el harakiri al aprobar Ley de Reforma Política en las Cortes de la dictadura. No quieren renunciar a sus privilegios, aunque ello sea para multiplicar las oportunidades de empleo estable para los ciudadanos de este país. La reforma no pone en cuestión los derechos adquiridos de los trabajadores, salvo que se considere como tales el paro y la precariedad, sino los privilegios de la casta sindical que se verá forzada, si desea sobrevivir, a modificar de manera radical su aproximación a la realidad socioeconómica española. Deberán ofrecer un producto atractivo a sus clientes.
Dicho esto, los cambios introducidos en la legislación laboral española no producirán efectos benéficos inmediatos sobre el binomio paro-empleo. Esto no puede ni debe sorprender a nadie. Sin embargo, se alumbran las condiciones objetivas para aminorar la destrucción de puestos de trabajo en el período recesivo y, sobre todo, para estimular su creación cuando la actividad comience a reactivarse. Si bien todos los trabajadores se beneficiarán de la existencia de un mercado de trabajo más flexible, éste abrirá oportunidades de empleo inalcanzables hasta la fecha para los grupos (jóvenes, mujeres y trabajadores menos cualificados) a los que el antiguo modelo condenaba al paro o a un empleo precario de por vida.
Por último, la Ley Báñez es un paso decisivo hacia la modernización estructural de la economía nacional, hacia la creación de un entorno socioeconómico basado en los poderosos incentivos suministrados por el mercado dentro de un marco de libertad y de imperio de la ley. Es una transferencia de poder de las burocracias paraestatales a la sociedad civil. En el corto y en el medio plazo, el Gabinete del PP ha realizado una contribución esencial para que España se encamine hacia la senda de la recuperación. A partir de ahora, ya nada será igual y el futuro será mejor para todos.
Lorenzo Bernaldo de Quirós, miembro del consejo Editorial de elEconomista.
