La reforma laboral aprobada por el Gobierno desplaza la búsqueda del equilibrio entre los derechos y los intereses de empresarios y trabajadores hacia el criterio predominante de preservar a toda costa la supervivencia de la empresa, para garantizar la preservación de los puestos de trabajo. Lógicamente, esta traslación, que supone una desregulación intensa del sistema anterior y una relativización de los acuerdos laborales sectoriales conseguidos por las organizaciones sindicales, en beneficio de los convenios de empresa, dejan sin sitio a los sindicatos y desmantelan los límites que éstos habían conseguido imponer a la autonomía del empresario.
La situación socioeconómica es sin embargo tan dramática que los sindicatos, que convocaron una huelga laboral a Zapatero por una reforma laboral inane, no se han atrevido esta vez a reaccionar abruptamente, temiendo que la sociedad aterrorizada por el desempleo no secunde sus posiciones. CCOO y UGT aguardan, por tanto, a que la opinión pública digiera la reforma, que en el corto plazo puede desembocar en una oleada de despidos y nuevos recortes salariales, aunque tenga efectos benéficos en el largo plazo.
Lo grave de la situación es que, aunque el PP ha decidido tramitar la reforma como proyecto de ley, con la evidente intención de pulirla, revisar los aspectos que podrían incurrir en inconstitucionalidad y recabar siquiera parcialmente el apoyo sindical en algunos aspectos, su interlocutor natural, que debería ser el PSOE, está en una posición de insuperable fragilidad, ideológicamente desorientado y materialmente desarbolado. Con lo que se corre el riesgo de que los sindicatos, huérfanos del apoyo del centro-izquierda, decidan ampararse en la izquierda más radical -en la renacida Izquierda Unida- para plantear políticamente sus reivindicaciones. Si tal cosa ocurriera, el proceso parlamentario de tramitación de la reforma sería estéril, ya que resulta impensable que el PP transija con el discurso rompedor de Cayo Lara. Además, la inútil radicalización de los sindicatos estimularía las corrientes populistas que ya organizaron las movilizaciones del 15-M y que seguramente tan sólo esperan que este Gobierno concluya el inicial período de gracia para intentar reproducirlas.
Esta coyuntura pone de manifiesto la conveniencia de que el proceso parlamentario esté asentado sobre los hombros de los dos principales partidos, capaces ambos de graduar la discrepancia y de mantenerla dentro de límites socialmente aceptables. El PSOE, sin embargo, reducido a su mínima expresión, no ha sido capaz ni siquiera de superar su congreso de reconstitución y, ante el presagio de una nueva y definitiva derrota en Andalucía, se ha enfrascado en querellas inaceptables que terminan de minar su escaso crédito. Con todo, la evidencia de que ningún actor político puede dejar hoy de asumir su responsabilidad y de ponerse al servicio del país en esta crisis sin precedentes, que amenaza con laminar las conquistas acopiadas durante muchas décadas de esfuerzos, debe convertirse en un imperativo para todos, que deben asumir su papel y ejercerlo con la mirada puesta en el interés general.
Antonio Papell, periodista.