Durante el próximo año, una serie de retos únicos y sin precedentes pondrán a Europa a prueba. En el futuro más inmediato, la tarea urgente que nos aguarda es la de resolver la situación de crisis de la Eurozona.
Aunque el Reino Unido no está en el euro, tanto España como el Reino Unido tienden a pensar de forma parecida en muchos temas: ambos somos partidarios del mercado único y de un comercio global abierto, y tenemos economías receptivas a la inversión extranjera. La inversión española en el Reino Unido ha creado más de 200.000 puestos de trabajo y ha supuesto grandes beneficios para las empresas y accionistas españoles.
Para que España, el Reino Unido y los Estados miembros de la UE recobren la confianza necesaria para atraer la inversión y crear empleo, es vital que nuestras economías tengan unos cimientos más estables sobre los que poder crecer.
Lo primero, y lo más primordial, es resolver los déficit públicos no sostenibles. En el Reino Unido hemos tomado medidas decisivas para resolver el mayor déficit que jamás hayamos registrado en tiempos de paz. Gracias a esta determinación, hemos podido garantizar la estabilidad de nuestra economía, rentabilidades más bajas en los bonos del Tesoro y unos tipos de interés bajos y estables tanto para las empresas como para los hogares de nuestro país. España también está tomando decisiones contundentes para frenar su déficit. El logro del nuevo Gobierno español de haber aprobado una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria al mes de entrar en el poder es prueba de su compromiso con unas cuentas saneadas.
Pero unas políticas fiscales responsables no son suficientes. Toda Europa tiene que ser igual de ambiciosa a la hora de esforzarse en promover el crecimiento del sector privado. Una medida fundamental en este sentido será la reforma estructural para aprovechar el máximo potencial del Mercado Único, que ofrece a las empresas europeas un mercado de más de 500 millones de consumidores, así como incomparables oportunidades para generar un crecimiento sostenible, común y renovado en cada país. He podido comprobar en las reuniones de la semana pasada en Madrid que el Reino Unido y España comparten un interés europeo común: el de impulsar la agenda de reforma para crear empleo.
El documento del primer ministro Optemos por el Crecimiento, publicado el año pasado, pedía a Europa que promoviera unos mercados realmente libres y abiertos.
Es precisamente esa apertura y competitividad la que ha permitido que los servicios financieros europeos prosperaran y se convirtieran en la fuerza dominante en los mercados internacionales. El sector europeo de servicios financieros ya representa la cuarta parte de las exportaciones del sector a nivel mundial, gestiona alrededor del 45 por ciento de los activos mundiales, da trabajo a casi 10 millones de personas en servicios financieros y otros relacionados y ha contribuido a que las empresas europeas capten casi 3 billones de euros desde el año 2006.
Deseamos respaldar este éxito, pero lo correcto es que también extraigamos las lecciones de la crisis para garantizar que dicho éxito es sostenible. En el Reino Unido hemos anunciado que nuestra estructura normativa sufrirá una serie de cambios para garantizar que una regulación prudente tenga el mismo peso que la conducta de los mercados y la protección del consumidor. También hemos estudiado las características del sector bancario de nuestro país a través del comité independiente presidido por Sir John Vickers. El objetivo de las recomendaciones principales es mejorar la capacidad de resistencia y reacción de los bancos y asegurarnos de que puedan quebrar sin que sean los contribuyentes los que paguen las consecuencias. Mi visita ha coincidido con el anuncio por parte del Gobierno español de sus planes para reforzar el sistema bancario y proteger los intereses de los contribuyentes.
Para poner en práctica esta ambiciosa reforma normativa del sector, para reforzar la estabilidad y promover el Mercado Único, es necesario aplicar de forma absoluta y oportuna los requisitos de Basilea III, cuyos objetivos son impulsar los niveles de capital y liquidez y hacer que nuestros bancos sean más seguros. Pero, tal y como se acordó en el G20, es esencial que las autoridades nacionales conserven el derecho de imponer, según crean conveniente, normativas todavía más estrictas mediante el establecimiento de unos requisitos de capital adicionales para los bancos, de cara a garantizar la estabilidad financiera.
Para poder garantizar un suministro sostenible de crédito a las empresas de la UE es necesario garantizar la estabilidad del sector financiero. Indudablemente, tenemos que ser conscientes del impacto que una normativa mal planteada y desproporcionada puede tener sobre el crecimiento, y es por este motivo que es esencial que nuestra política se afiance sobre indicios fehacientes y no caprichos políticos.
Además, tenemos que estar en guardia contra aquéllos que quieran utilizar la reforma normativa para erigir muros proteccionistas tanto dentro de Europa como en torno a la misma. La Comisión Europea y las Autoridades Supervisoras Europeas han de garantizar que la normativa se aplica de forma coherente, y no discriminatoria, en toda la UE. Es por esto que también tenemos que impedir que la normativa derive en equivalencias estrictas o provisiones de reciprocidad que simplemente cerrarían las puertas de la UE a las empresas de terceros países.
El objetivo en Europa ha de ser un crecimiento sostenible y una prosperidad renovada, que se puede conseguir resolviendo el problema del déficit, reformando la normativa, centrándonos en políticas que fomenten el crecimiento y promoviendo los mercados libres y abiertos. El Reino Unido se ha comprometido con esta agenda, y estamos deseando trabajar con el Gobierno de España y con nuestros socios europeos para garantizarles a nuestros ciudadanos una Europa próspera y boyante.
Marc Hoban, Secretario de Estado de Finanzas de Reino Unido.