Los tiempos mandan. Que nuestro endeudamiento alcance tres veces el PIB, que nos presten menos y cada vez más caro, y que la diferencia entre gastos e ingresos públicos suponga el 8% de la riqueza nacional, implica que la política de ajustes en las Administraciones Públicas haya dejado de ser una opción.
El intento de los Gobiernos de cuadrar el círculo de mantenimiento del Estado del bienestar, favorecimiento de los estímulos económicos y calidad de los servicios públicos no resulta nada fácil. Al menos, mientras la reactivación económica no permita la recuperación de ingresos.
Entonces, ¿es posible hacer de la necesidad virtud y que los recortes y reformas puedan ser una oportunidad de mejora de la calidad de los servicios públicos? Desde nuestra experiencia, creemos que sí. Veamos algunas claves en positivo:
La economía pública representa casi la mitad del PIB y apenas un 25% de su deuda. Por tanto, los ajustes en las AAPP serán menos abruptos que en sectores como, por ejemplo, el financiero, y con mayor capacidad gradual de absorción y cumplimiento realista.
Muchos recortes pendientes pueden ser una oportunidad para la mejora de las AAPP. A día de hoy, la dinámica presupuestaria obliga a reducciones por partidas globales del Presupuesto (Educación, Sanidad, Transportes?) sin entrar en profundidad en una valoración de los servicios públicos asociados que contemple utilidad social, calidad percibida, eficiencia y prioridad para la ciudadanía. Además de la obligatoriedad de análisis internos que integren estas dimensiones, podría dotarse a organismos como la Agencia nacional de evaluación y calidad (Aeval), o a sus equivalentes autonómicos, de competencias más concretas de evaluación de los servicios públicos , realizadas en términos sociales y también económicos. Ello, además, contribuiría a objetivar las decisiones de eliminación, fusión o mantenimiento de las más de 4.000 agencias o entidades públicas existentes en todo el territorio nacional.
Las oficinas de coordinación de reformas administrativas y/o económicas son una excelente oportunidad de dotar a las reformas y los recortes en las AAPP de una visión estratégica más amplia y transformadora. Éstas podrían jugar, además, un papel determinante a la hora de impulsar las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Experiencias como la reciente reforma de la Administración en Francia, o las acometidas por Holanda, Canadá o Suecia en la década de los 90 para mejorar las finanzas públicas y el Estado del Bienestar avalan este tipo de organismos coordinadores.
Optimizar los servicios
El objetivo de racionalización de la Administración supondrá necesariamente analizar las competencias administrativas. Ello implica una importante oportunidad de desburocratizar servicios y simplificar trámites con la ciudadanía, lo que puede conllevar no sólo un ahorro para la Administración sino una mejora económica en términos de tiempo para ciudadanía y empresas.
En el mismo sentido, es imprescindible revisar el Estatuto de la Función Pública. La actividad de los funcionarios públicos debe ser, como la de cualquier profesional, asociada a productividad para mejorar, como todos, el ratio de la ecuación tiempo de trabajo/ resultado obtenido/ calidad percibida, cambiando la cultura del presentismo por la de objetivos y eficiencia. Para ello habría que identificar objetivos de funcionamiento de las unidades administrativas a partir de sus normativas y establecer indicadores y ratios de actividad a los que enlazar individualmente la valoración de productividad y los complementos salariales que conlleva.
Desarrollo de TIC
La reducción del gasto TIC que puedan acometer las Administraciones debe abordarse desde la consciencia de competitividad que pueden suponer en una economía cada vez más digital. La Administración electrónica supone un evidente ahorro público y social; las redes sociales permiten comunicaciones masivas con bajos costes; el llamado Gobierno Abierto y la e-participación redundan en rentabilidad a través de la evaluación de la calidad de servicios , la reorientación de políticas, la mejora de eficiencia de unidades o la toma de decisiones más legitimadas. La apertura de datos públicos impulsa la sociedad del conocimiento. Los proyectos en el ámbito Smart Society o la utilización de las TIC en entornos urbanos para mejora de la calidad de vida permiten ahorros con retorno medioambiental.
La oportunidad de repensar los servicios públicos debe abordar de una vez por todas los Servicios Públicos de Empleo. Éstos deben proporcionar un mayor y mejor servicio a la sociedad mejorando la tasa de intermediación pública a través de la ampliación de su cartera de servicios a trabajadores y empresas y de la profesionalización de los servicios a éstas en la línea de países como Bélgica, Holanda o Alemania. Para ello, deberán innovar empezando por la captación de segmentos de trabajadores más cualificados.
Dijo Abrahan Lincoln que "todo problema es una oportunidad disfrazada". Veamos la situación con arrojo y atrevámonos juntos a aprovechar la coyuntura para mejorar la calidad de nuestros servicios públicos.
Ana Morilla. Gerente de Sector Público de Altran.
