La pusilanimidad y -al menos aparente- desorden con que se mueve el Gobierno en materia de medidas económicas le terminarán pasando factura. Cuando quiera adoptar reformas, tanto de corto como de más largo plazo y alcance, será tarde, no podrá sino condescenderlas y hasta los suyos protestarán por el dolor entrañado: léase subida en primavera de impuestos especiales e IVA al 23%, por ejemplo. Lo que podría evitarse.
Sé que son muchas las medidas que deben adoptarse y que hay cuatro años para ello. Pero algunas, las más inmediatas y urgentes, están fallando por su retraso, desacierto e indeterminación, así como por el repliegue que suscita cualquier crítica de la oposición, máxime si ésta es unánime.
Por ello considero que la propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre la exigencia -efectiva, añadiría yo- de responsabilidades penales (aplicación del Código Penal) para autoridades, administradores, directores o jefes y subordinados, así como sobre las Administraciones Públicas, Organismos Reguladores y Agencias o Entidades Públicas Empresariales que despilfarren, malversen, oculten cuentas y facturas en los cajones, realicen impagos, falseen la contabilidad o destruyan documentos públicos, entre otras lindezas, quedará en agua de borrajas, siendo ésta una de las reformas más importantes -dentro de la más general y relevante de la Administración Pública- si realmente queremos avanzar y fijar el Estado de Derecho.
¿Quién limita el poder real?
El origen y razón de Cortes y Parlamentos fue el establecimiento de límites al poder real, así como el requerimiento de su buen gobierno y administración sobre los dineros y bienes recaudados a los vasallos, entre otros. Pero en 2012 el pleno de los grupos de la oposición de nuestro actual Parlamento ha defendido el mantenimiento de un trato legislativo distintivo y favorable para la casta o estamento político.
Así, aunque el PSOE sostenga que las leyes vigentes ya contemplan tales penas y castigos, saben, pues fue una reforma perpetrada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en junio de 2010, en vigor desde diciembre de ese año, que no sólo los organismos y entidades públicos mencionados, sino también los partidos políticos y sindicatos -que son instituciones privadas- quedan eximidos de las responsabilidades penales que se aplican a las personas jurídicas (por ejemplo, empresas o comunidades) y que afectan a las cuestiones mencionadas. Y cuando IU y el señor Llamazares hablan del "todos a la cárcel" equiparando endeudamiento público y privado, simplemente se mofan de todos nosotros y de aquellas familias, empresas o sociedades que se encuentran empeñadas por decisiones de gasto o inversión -por cierto, trastocadas o alteradas por decisiones públicas, como bajar artificialmente tipos de interés e inyectar liquidez en exceso-, pero que además están haciendo lo indecible por cumplir y pagar, o que han sido expropiadas o embargadas por no hacerlo. ¿Cuántos políticos o autoridades conoce el señor Llamazares que hayan rendido una responsabilidad equivalente? Ni tampoco menor. Nada. Como indico, tales delitos ahora mismo ni siquiera están tipificados penalmente para ellos.
Hay quien ha señalado a este respecto que la tipificación de algo tan sutil como el despilfarro o el exceso de gasto o endeudamiento requeriría especificar con detalle los casos, conceptos, las cuantías y niveles (porcentajes) y hasta los grados o tamaños de gravedad de tales prácticas para determinar su consideración o no delictiva. Pues bien, ¡hágase! La mera delimitación y tasación de tales elementos pondría coto a nuestro comportamiento diferencial en el irrespetuoso uso de los dineros públicos; esos que sí pertenecen a alguien y que son sustraídos obligatoriamente (impuestos) en aras del común. No de algunas personas. Y, además, introduciría un mayor incentivo o preocupación de la clase gobernante por ofrecer datos, cifras y previsiones más fiables y ajustadas a la realidad, por lo que pueda suponer la desviación respecto a lo establecido en ley.
Auditorías y seguimiento
Lo que no es de recibo, ni para el contribuyente, ni para la sociedad, ni para una democracia es que no haya una fiscalización, auditoría o seguimiento, que además sean precisos y ágiles (no con años de retardo), sobre las cuentas de ayuntamientos y autonomías y su liquidación. Más sangrante es lo que sucede con partidos políticos y sindicatos, cuya financiación es mayoritariamente pública; pero a la sociedad, los medios y muchos de esos políticos se centran o apuntan a los 8.434.280 euros de la Casa Real que, de paso, me parece bien se hagan públicos y detallen.
Lo poco que conocemos a 2011 de lo acontecido con dineros y gastos en comunidades autónomas como Castilla La Mancha (PSOE); Valencia o Murcia (PP) (vislumbrando las cuentas públicas de su comunidad, tiene su aquél que el expresidente Camps responda penalmente por unos regalos, ¿no creen?); Baleares (PSOE y Unió Mallorquina); Extremadura (PSOE) o qué decir de Andalucía (PSOE), no se sustancia, como argumentó la oposición a la propuesta de Montoro, con la mera responsabilidad política o en las urnas. Si cuento con su benevolencia, próximamente especificaré.
