El nuevo Gobierno ha empezado a gobernar, y eso es, por sí mismo, una buena noticia. Ante el hecho de que el déficit estimado no será del 6%, como había comprometido el anterior equipo, sino de alrededor del 8%, ha adoptado medidas extraordinarias: reducción de gasto, aumento de impuestos y medidas de estímulo. El hecho de que el nuevo Ejecutivo no haya ocultado el problema, sino que lo haya revelado inmediatamente a la opinión pública y, además, haya reaccionado también inmediatamente transmite un excelente mensaje a los ciudadanos y a los mercados: se han acabado las tácticas elusivas y ha llegado la seriedad, un cambio que debería extenderse a muchas otras instituciones públicas y privadas.
Dentro de este esquema general, caben muchos e importantes matices -los recortes a partidos y sindicatos, por ejemplo, son muy tibios; el incremento fiscal, en buena ortodoxia, debería haberse centrado en el IVA antes que en el IRPF, etc.-, pero la orientación general es correcta. Es más, al haberlo hecho así, el Gobierno conserva un margen de maniobra tanto en recortes de gastos como en subidas de impuestos, que, previsiblemente, se deberán centrar en el IVA e, incluso, en las rentas del capital, así como en medidas de estímulo. No olvidemos, además, que no se han acometido aún reformas estructurales, ni siquiera en materia financiera o laboral, las cuales van a requerir una capacidad de decisión y de gobierno aún mayores.
¿Se crearán nuevas burbujas?
Quiero centrarme ahora, sin embargo, en la defensa de una medida muy criticada y hace pocos días desaconsejada por el Banco de España -una institución que parece hallarse más bien en situación de recibir consejos que en la de darlos, a la vista de su pasividad durante demasiado tiempo-. Me refiero a la recuperación de la desgravación por adquisición de la vivienda habitual, sobre la que se objeta que el estímulo de la compra de viviendas creará nuevas burbujas, retrasará el ajuste de precios y dificultará la movilidad laboral y que, en su lugar, debería estimularse el alquiler. En mi opinión, por el contrario, tal medida debe ser aplaudida, y el Gobierno elogiado por haberla adoptado en semejante contexto.
La adopción de una serie de actuaciones dirigidas a que los ciudadanos pudiesen adquirir su propia vivienda constituyó un componente esencial del New Deal de Roosevelt -criticable y criticado en muchos aspectos, pero no en éste-, filosofía continuada, entre otros, por Clinton y Bush como expresión del sueño americano.
Los problemas comenzaron cuando Clinton y, sobre todo, Bush ordenaron a agencias gubernamentalmente esponsorizadas como Fannie Mae y Freddie Mac, entre otras, que compraran los créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas concedidos a ciudadanos con escasos recursos, y éstas empezaron a adquirirlos sin hacer pregunta alguna, entre otras cosas, por los jugosos incentivos de los directores de tales agencias, y sin que el Gobierno supervisara tales prácticas irregulares, pues, entre otras cosas, el Congreso no dotó de recursos suficientes a los organismos supervisores, por lo que los agentes comenzaron a conceder créditos hipotecarios sin comprobar la solvencia de los deudores. Ello dio lugar a una loca carrera hacia las hipotecas subprime, las hipotecas mentirosas, y, lo que es aún peor, su titulización, calificación máxima y compra por los principales bancos y fondos del Planeta. En el punto álgido, tales hipotecas llegaron a sumar el 56% del total.
Probablemente todo este proceso obedeció a una estrategia gubernamental dirigida a mantener la capacidad de consumo de una clase media baja cuyo poder adquisitivo permanece estancado desde hace más de 30 años (Rajan). Las consecuencias se han revelado devastadoras.
¿Burbuja hipotecaria o burbuja económica general?
En nuestro país, desde los años 50 del pasado siglo también se empezó llevar a cabo una política de apoyo a la adquisición de la vivienda en propiedad, consagrada y potenciada por los Pactos de la Moncloa de 1977, que sentó las bases para el desarrollo de nuestro mercado hipotecario, una historia de éxito sin precedentes.
Los contratiempos empezaron con la introducción del euro, una moneda común con graves fallos de diseño y de gestión. A comienzos de este siglo, Francia estaba prácticamente estancada y Alemania en plena digestión de la Alemania Oriental, lo que hizo que el BCE adoptara una política de tipos de interés bajos, situados por debajo de la tasa de inflación de nuestra economía, con una productividad inferior.
Este hecho dio lugar a un exceso de liquidez en nuestra economía, consecuencia de un crédito excesivamente barato que disparó la demanda y, por tanto, el precio de todos aquellos bienes que no se pueden comprar sin crédito, tales como las viviendas, pero también el suelo necesario, los coches, o las adquisiciones de empresas a precios astronómicos mediante apalancamientos de vértigo. En definitiva, los precios reales negativos del dinero motivaron una fortísima demanda, la cual dio lugar a un sobreendeudamiento de dimensiones considerables y a unas prácticas poco profesionales y poco responsables por parte de políticos colocados en cajas de ahorros y de no pocos gestores de entidades financieras
De ahí el error de hablar de burbuja inmobiliaria y no de exceso de liquidez motivado por un precio del dinero que no se correspondía con nuestra situación real, o de burbuja general de la economía. El haber confundido el efecto -la burbuja- con la causa -el precio real negativo del dinero- ha dado lugar a una nefasta política en relación con el sector inmobiliario, cuya recuperación, sin embargo, es esencial para que el resto de la economía pueda crecer, nos guste o no.
Por supuesto, si queremos elevar nuestra productividad y, al menos, mantener nuestro nivel de vida, hemos de evolucionar hacia una economía que incorpore mayor valor añadido, pero partiendo de los activos que tenemos y sin descuidarlos. De lo contrario, la fatal arrogancia nos relegará a la irrelevancia y las estrecheces por mucho tiempo.
Por ello, es digna de elogio la medida adoptada por el Gobierno, que debe ser mantenida, al menos, hasta que la recuperación se produzca, y debe ser complementada por otras de mayor calado referentes al suelo que debieron adoptarse hace mucho tiempo, pero que los anteriores responsables económicos no se atrevieron a adoptar.
En cuanto a la tesis de que la vivienda en propiedad dificulta la movilidad laboral, es otro mito que debe ser revisado, como ya han sugerido algunos expertos. No es del todo cierto, y, además, la propiedad de la vivienda produce muchos otros efectos positivos, bien conocidos. En Francia, hace unos años, se produjeron acontecimientos vandálicos en las banlieues, plenas de inquilinos, algo que difícilmente puede suceder en barrios plagados de propietarios. Ello no quiere decir que no deba fomentarse el acceso a la vivienda por vías distintas de la propiedad, como, por ejemplo, el arrendamiento. Para ello, hace falta organizar el mercado arrendaticio urbano, tal y como se hizo con el hipotecario en su momento, lo que exige transformar el régimen jurídico del arrendamiento de viviendas. Y, para ello, no hace falta hacerlo a costa de quienes desean adquirir una vivienda en propiedad. Para que sea posible, sin embargo, no va a bastar con la desgravación. Se requiere, además, que haya crédito para la demanda solvente, que el mercado laboral cambie de rumbo, y que, en virtud de ello, mejore nuestra confianza.
Fernando P. Méndez González, miembro del Consejo Editorial de elEconomista.