
Los discursos están para leerlos. El pasado 21 de diciembre, leía ante la Cortes su discurso de investidura como presidente del Gobierno el señor Rajoy. Les voy a ahorrar la lectura, pero no las referencias que hizo a la reforma del sistema financiero, según el formato que facilitó el PP. El entonces candidato, hoy presidente, decía que es necesario culminar de forma efectiva el proceso de saneamiento del sector financiero.
Mientras que el resto de los países emprendió hace años esquemas de saneamiento de los activos tóxicos y adecuación de la valoración de los activos bancarios, en España todavía pesan serias incertidumbres sobre los balances, y el acceso a la financiación internacional de nuestras entidades es extremadamente difícil. Ello ha llevado a una escasez de crédito mayor en nuestro país que en la mayoría de los Estados de nuestro entorno.
El diagnóstico es certero a medias. No cabe duda de que el Ejecutivo anterior no terminó la tarea y de que en España ni se han valorado adecuadamente nuestros activos tóxicos (que no son extraños productos financieros derivados o estructurados) ni, por tanto, se han podido sanear adecuadamente los balances, puesto que desconocemos exactamente las pérdidas. Es cierto también que eso dificulta la financiación internacional de nuestras entidades, pero no que ello haya llevado al país a una escasez de crédito mayor. Las entidades no están buscando en los mercados nueva liquidez para hacer frente a nuevas operaciones de crédito, sino nuevos acreedores que asuman las posiciones de los antiguos ante el calendario de vencimientos de las emisiones de deuda que se hicieron para financiar el consumo y la inversión, pública y privada, durante el proceso expansivo de la economía nacional.
Reestructuración bancaria
El presidente dijo que la reestructuración del sector bancario requería dos actuaciones: la venta de inmuebles y una adecuada valoración de los activos menos líquidos de las entidades (solares y promociones sin terminar), que supondría la asunción de pérdidas latentes por parte de las entidades. Totalmente de acuerdo.
El gran error del Gobierno precedente fue elevar los requerimientos de recursos propios de las entidades (RD 2/2011, de 18 de febrero) sin haber hecho una correcta medición de los mismos, para lo que sólo se necesitaba una adecuada contabilización de los resultados de las instituciones. Desde una óptica de normativa comparada internacional, los requerimientos, hasta la fecha, eran adecuados siempre que se cumpliesen, y no había que fijar exigencias nuevas a las entidades. La medición de los resultados era errónea desde que el Banco de España publicó poco antes la Circular 3/2010 de 29 de junio limitando el deterioro de las carteras de bienes raíces al 30% en el peor de los casos. Para acometer las dos actuaciones anteriores nada habló el candidato del famoso banco malo. Mejor si eso supone que deja la posibilidad de una institución que de algún modo titulice los activos tóxicos a la iniciativa privada, lo que es congruente, además, con las actuaciones que propone. Si no es así y cede a las presiones en favor de un banco malo con dinero público -el banco peor-, debiera saber don Mariano que no llevará a cabo una adecuada valoración de los activos, porque estarán inflados por los precios en ausencia de mercado que se deriven de las compras de éstos por el banco peor.
También habló de fusiones
Habló también de una reestructuración del mapa bancario y de fusiones. ¡Qué manía con la concentración! Las entidades más pequeñas del sistema (la banca cooperativa) no nos han dado problemas y, lo que es más importante, no le dan miedo a ningún Gobierno ni cuando se caen, ni cuando las visita su presidente. De paso, o de pasada, habló de dos cositas más: la reforma de los órganos rectores de las entidades tenedoras de bancos en que se han convertido las antiguas cajas, para evitar de nuevo los problemas que se daban en estas últimas, y de la supervisión bancaria.
Respecto de la primera cuestión, podría comenzar simplemente con un cambio en los cuadros que las dirigen para asegurar, como indica, su profesionalidad e independencia.
A la supervisión le propinó un buen rapapolvo. No es que sólo la acusara de indecisiones y bloqueos, que siempre se dan en el nivel político, sino que lo hizo, además, de falta de agilidad y de la necesidad de tecnificarla. Creo que esto último no es posible: hasta hace muy poco tiempo estaba considerada la mejor del mundo, y un mandato de un gobernador no hace perder sus capacidades a todo un viejo cuerpo de servidores públicos. Sin embargo, sí que le falta agilidad porque carece de independencia para la más mínima actuación (simplemente inspeccionar) al margen de la decisión política y porque le falta un procedimiento administrativo preciso y claro (fuera de la Ley del Régimen Jurídico de la Administración y del Procedimiento Administrativo, que en lo referente al Banco de España opera pero poco) que proteja a los administrados del sector bancario, al contribuyente y, aunque les parezca mentira, a los inspectores que llevan mucho tiempo pidiendo un estatuto.
Rubén Manso Olivar, Mansolivar & IAX. Profesor de la Universidad de Alcalá. Inspector de Entidades de Crédito del Banco de España (excedente).