El discurso del presidente Mariano Rajoy en el debate de investidura avanzó algunas ideas concretas sobre la futura política del Gobierno en relación con el sector financiero. En resumen, fueron las siguientes:
1. Es necesario el saneamiento y la posterior reestructuración de nuestro sistema financiero para la recuperación del crédito y la liquidez para las empresas y familias españolas.
2. Las medidas que hay que adoptar deben seguir la línea marcada en otros países al establecer esquemas de saneamiento de los activos tóxicos y adecuación de la valoración de los activos bancarios, eliminando las incertidumbres que todavía pesan sobre la situación de las entidades de crédito.
3. El proceso de reestructuración del sector financiero debe culminarse en los seis primeros meses de 2012, con el objetivo de que resulten entidades rentables, fiables y solventes.
4. El saneamiento de los balances debe producirse a través de la venta de los inmuebles terminados en manos de las entidades financieras, utilizando para ello una valoración muy prudente de los activos menos líquidos y asumiendo que estas medidas supondrán la asunción de pérdidas latentes u ocultas en los balances.
5. El proceso de reestructuración pasa por una segunda ola de fusiones y un cambio del mapa bancario hasta tener entidades suficientemente sólidas, con un capital reforzado para garantizar su solvencia.
6. Se cambiará el modelo de regulación de las entidades tenedoras de las acciones para garantizar su independencia y profesionalidad (se apunta a que las cajas puedan mantener su estatus jurídico aunque pierdan la mayoría del capital de los bancos a través de los que desarrollan su actividad financiera) y se introducirán cambios en el régimen jurídico del Banco de España. Se trata, en definitiva, de acelerar la recta final de la reestructuración del sector financiero, contribuyendo así a despejar las incertidumbres que todavía pesan sobre su situación y los efectos potenciales de su saneamiento sobre las cuentas públicas, teniendo en cuenta los esquemas utilizados en otros países.
También se ha afirmado, en las últimas semanas, que el saneamiento no se realizará con nuevas ayudas públicas, lo que añade restricciones en cuanto a los medios a emplear.
Aparentemente, el proceso pasa por una valoración más exigente de los activos inmobiliarios que se encuentran en el balance de las entidades, y en todo caso por un mayor nivel de dotaciones, especialmente para los activos más problemáticos (suelo).
Con ello comienzan los problemas, pues la valoración de activos ilíquidos tan heterogéneos y en un momento en que se producen pocas transacciones no será fácil.
El presidente anticipó que el proceso podría provocar pérdidas a las entidades de crédito.
Algunos bancos podrán soportarlas por sí mismos. Otros, en cambio, necesitarán medidas adicionales, que pasarían por una nueva oleada de integraciones. También se ha hablado de la recapitalización de entidades para garantizar su solvencia.
La duda que se plantea es si el proceso podrá realizarse sin algún tipo de ayuda o apoyo externo. La experiencia de los últimos meses evidencia la dificultad de que pueda ser así, al margen de que los mecanismos de apoyo constituyan o no ayudas de Estado. Los instrumentos que actualmente ofrece nuestro ordenamiento jurídico para proporcionar ese apoyo son el Frob y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
En principio, si existe la intención de no comprometer recursos públicos para no aumentar el déficit y el endeudamiento de las Administraciones Públicas, debería analizarse en primer término el recurso al FGD, es decir, al propio sector. El problema es que el FGD no dispone actualmente de los recursos necesarios para permitir un proceso de reestructuración de esta envergadura.
La solución pasaría por un préstamo o garantía del Estado español al FGD, ya fuera con sus propios recursos o utilizando los que hubiera recibido previamente del FMI o del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (que sólo pueden financiar a los Estados). Lograr esa financiación externa en condiciones aceptables, si éste fuese el camino elegido, sería un gran reto para el binomio Exteriores-Economía del nuevo Gobierno. Creo que la agenda de ajustes y reformas que necesita la economía española coincide sustancial- mente con lo que se nos pediría, por lo que, en definitiva, recibiríamos financiación para llevar a cabo lo que en todo caso debemos hacer.
Es cierto que la utilización del FGD provoca un efecto extraño, como es el de que el conjunto de las entidades del sistema financie una operación que sólo beneficia a una de ellas, aunque no lo es menos que la reestructuración global beneficia a todo el sistema.
La alternativa al FGD es la utilización del Frob, que pasaría a ser accionista, en porcentaje variable, de las entidades receptoras de las ayudas, en un proceso ya conocido.
Sea cual sea la vía finalmente elegida, puede plantear problemas de competencia entre las entidades y de riesgo moral. Para evitarlo, debería apostarse decididamente por la consolidación, de modo que el conjunto del sistema se beneficie de su reestructuración global, como apuntaba el presidente en su discurso.
En todo caso, existen entidades que son parte de la solución y no del problema, y sería importante ayudarlas para que contribuyan con todas sus capacidades a la reestructuración bancaria. Para ello, deberían aprovecharse al máximo las competencias normativas y regulatorias de que disponen el Gobierno/Banco de España.
Me permito añadir una idea adicional: creo que la reestructuración definitiva del sector financiero no debe ser independiente de la necesaria reactivación (parcial) del sector inmobiliario y la política de vivienda.
Todo ello debería formar parte de una estrategia conjunta que contribuiría a la recuperación del crecimiento y del empleo y en la que existiría, por tanto, un claro interés general, justificativo de la intervención del Estado.
El sector financiero es una gran industria nacional en términos de contribución al PIB, innovación, proyección internacional y empleo cualificado. Si se acierta con las medidas que hay que adoptar, cooperará de forma relevante a la recuperación de la economía española.
Francisco Uría, socio responsable de Sector Financiero de KPMG en España.
