No esperaba que la ministra de Empleo rindiera visita a los agentes sociales, salvo que lo que haya querido decir es que pisa suelo propiedad del Estado, usufructuado por los sindicatos y la patronal. Si es un gesto de convivencia, sea bienvenido; si es un indicio de cómo se va a llevar a cabo la reforma laboral, me temo que va a ser una manera de volver a las andadas, a reproducir esas interminables sesiones en las que a avances milimétricos le suceden retrocesos gigantescos para, al final, contemporizar unas soluciones que no lo son.
Ya he dicho alguna vez que todo el encorsetamiento de la normativa laboral española no sólo sigue siendo tributario del corporativismo franquista, sino que se debe a los pactos que durante años se han fraguado con la única cesión de los sindicatos, la paz social. Todo lo que hay que reformar fue antes pactado en acuerdos interconfederales, pactos por el empleo, etc, pero por arte de birlibirloque se convirtieron en Ley. Y una de las características de las leyes es su permanencia.
Si este Gobierno quiere cambiar en profundidad el modelo de relaciones laborales (odio la expresión mercado de trabajo), no va a encontrar una posición acomodaticia de los sindicatos y, casi con seguridad, tampoco por parte de los empresarios.
Así que, después de las visitas de cortesía, hay que pasar de las musas al teatro. No se trata de dar un salto en el vacío, que la política paga caras las piruetas, pero sí de un proceso sin atajos ni desvíos que debe conducir a una legislación laboral moderna y homologable.
Se trata de un camino lleno de añagazas en donde se confunden y se mezclan muchas cosas. Se interfiere la normativa estrictamente laboral con cuestiones como el Estado del Bienestar, su alcance, sus prestaciones, sus bases, son asuntos que conciernen a todos los ciudadanos como tales o como contribuyentes, por ello, no pueden ser contrapartidas de las normas que rigen la relaciones laborales.
Hernando F. Calleja. Periodista de elEconomista.