Rajoy mantuvo en su discurso de investidura el compromiso con pymes y autónomos incluido en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones del 20-N, así como una buena parte de las iniciativas que su Grupo Parlamentario presentó en la anterior legislatura, en particular la propuesta de elaborar una nueva ley de apoyo a los emprendedores, iniciativa que se presentó a la Cámara tras el último debate del Estado de la Nación. Sin duda, buena parte de los nuevos votos del PP proviene de este colectivo. Muchos autónomos se vieron más reflejados en sus propuestas que en las del PSOE, que en escasos 15 días, con su desastrosa campaña, desaprovechó una buena labor realizada en años anteriores en esta materia.
La anunciada ley de apoyo a los emprendedores puede ser la percha sobre la que colgar las diferentes propuestas que exigen para su establecimiento de rango de ley, como es el caso de la modificación del régimen de liquidación del IVA, la creación de la cuenta de compensación de deudas entre Administraciones o las ayudas económicas para las primeras contrataciones.
Se necesita algo más que voluntad
Pero el proceso no será fácil, y no bastará con la voluntad política. Se necesitará tiempo y buena capacidad técnica para superar algunas dificultades normativas y sobre todo de gestión. El régimen de liquidación de IVA sobre factura cobrada, además de complicar la gestión tributaria, puede hacer más complejo el sistema de declaración del contribuyente, ya que las nuevas declaraciones deberán recoger de forma nominativa cada factura, vinculando los momentos de devengo y cobro, aportando información acreditativa de los pagos y concentrando éstos en los sistemas bancarios, desechando cualquier pago por caja que podría distorsionar la información.
La compensación de deudas entre las mismas administraciones ya está prevista en la normativa vigente, aunque sus condiciones deben flexibilizarse y extenderse. La novedad de la propuesta es su ampliación a la interrelación entre Administraciones, pero quizá los sistemas informáticos no estén lo suficientemente vinculados como para que sea una medida posible a corto plazo.
Por otra parte, debe clarificarse si las ayudas de 3.000 euros para las primeras contrataciones que haga un autónomo lo serán en términos líquidos o como incentivo fiscal. En el segundo supuesto, un buen número de autónomos que tiene bases imponibles netas negativas podría quedar fuera del ámbito subjetivo de la aportación. En todo caso, los tiempos para la aplicación de esta medida deben valorarse con prudencia, pues los anuncios demasiados tempranos pueden desincentivar temporalmente las contrataciones previstas a la espera de la aprobación de la norma correspondiente.
Finalmente, el problema central de este colectivo es que sigue condicionado por la falta de crédito y la morosidad existente. La fluidez del crédito tardará. Sólo una adecuada reordenación del sistema financiero, y la consiguiente eliminación de los activos tóxicos o dudosos que hoy frenan su capacidad de gestión crediticia, podría ayudar a solucionar el problema. Al menos tenemos un año de restricción y nos enfrentamos, además, a un problema estructural de futuro, por lo que se refiere a las condiciones de riesgo y garantías. Las nuevas normas que atornillan aún más las ya estrictas condiciones de Basilea III harán muy difícil en el futuro el acceso al crédito de los emprendedores sin garantías patrimoniales personales suficientes. Sólo la concentración de todos los instrumentos públicos a través de un sistema eficiente de avales puede ayudar a solventar parte de esta dificultad añadida.
La Ley de Morosidad necesita de un régimen sancionador, además de un sistema crediticio más ágil a favor de las Administraciones Públicas deudoras, y sobre todo la clarificación de las cuentas de muchas corporaciones locales que tendrán que asegurar la devolución de los préstamos recibidos a medio plazo.
Es mucha la tarea por realizar, mucho el diálogo necesario y sobre todo afrontar que, bien sea por menor recaudación o por mayor inversión, estas medias finalmente tendrán coste para las arcas públicas, por lo que la decisión política debe venir acompañada de una buena dosis de análisis técnico y económico.
Sebastián Reyna, secretario general de UPTA España.
