Pocas veces la ciudadanía había sido tan explícita como este pasado 20-N en la exigencia de un cambio de rumbo político, del establecimiento de una nueva pauta que nos sacara de la angustiosa postración en que nos encontramos, sin que hayamos tenido en mucho tiempo la menor oportunidad de entrever la luz al final de túnel. Hoy, al fin, después de una victoria apabullante en las elecciones y de casi un mes de preparativos, Rajoy intentará convertir el miedo en esperanza, transformar la desazón creciente de una ciudadanía que ve cómo se desmantelan sus expectativas en un atisbo de ilusión basada en argumentos consistentes.
Rajoy ya ha anunciado -ha sido, expresamente, el único anuncio concreto antes del discurso de investidura- que cumplirá el compromiso de déficit público contraído con el Eurogrupo. Es decir, que el déficit de todas las administraciones no superará en 2012 el 4,4% del PIB para concluir 2013 en el 3%, ya dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Este compromiso exige, evidentemente, que el nuevo Gobierno imponga, en cuanto tome posesión, un severo ajuste capaz de realizar el mencionado prodigio contable, y dé por tanto un conjunto de noticias no gratas a los españoles. Sangre, sudor y lágrimas hacia la victoria final.
Los términos cuantitativos del ajuste no se conocerán completamente hasta que la contabilidad nacional entregue las cifras definitivas del déficit de 2011, que en teoría no debería superar el 6% del PIB. Sin embargo, el propio Gobierno en funciones reconoce oficiosamente que no se cumplirá este objetivo habida cuenta de que las previsiones de crecimiento económico tampoco se han cumplido. El Ejecutivo saliente creyó posible lograr un crecimiento del PIB en este ejercicio del 1,4%, cuando no llegaremos ni a la mitad, pues en el tercer trimestre hubo estancamiento y en este cuarto probablemente registremos crecimiento levemente negativo en lo que será una segunda, aunque más leve, recesión que alcanzará como mínimo al primer trimestre de 2012.
Sí, en cambio, puede empezar a plantearse el alcance cualitativo del ajuste, que se asemejará al realizado por Mas en Cataluña, invocado como precedente por el propio Rajoy y que no ha sido rechazado con irritación por la ciudadanía, como lo prueban los buenos resultados que consiguió CiU el 20-N, fecha en que ya estaba en marcha buena parte de los recortes.
El primer gran dilema que tendrá que resolver el equipo económico de Rajoy es si se va a acompasar o no la reducción del gasto con una subida de impuestos indirectos (el Impuesto de Sociedades se modulará en todo caso para favorecer a los emprendedores). Existe un cierto consenso en medios económicos sobre la inexorabilidad de una leve subida del IVA, que tampoco puede ser muy importante para no deprimir aún más la demanda.
Y el segundo gran dilema versará sobre la composición de las medidas de austeridad en los cuatro grandes capítulos más susceptibles de ser recortados: pensiones, salarios públicos, sanidad y educación (los gastos de inversión ya están bajo mínimos, al igual que los de funcionamiento corriente de las distintas administraciones). La congelación del sueldo de los funcionarios parece inevitable, así como una subida de las pensiones inferior al IPC (salvo las más bajas, que mantendrían el poder adquisitivo). Y es probable que en lo referente a los dos grandes servicios públicos se siga la pauta catalana de intentar reducir costes mediante una reorganización funcional, sin merma relevante de la atención a los ciudadanos.
La ciudadanía está, en efecto, resignada a sacrificarse? siempre que vea un ímpetu potente en el esfuerzo oficial por acelerar la salida de la crisis, una ejemplaridad a toda prueba en la conducta de los administradores y la búsqueda infatigable de estímulos a la actividad y a la productividad, que contribuya a impulsar al país hacia adelante. Sería, en fin, disparatado imponer sacrificios sin ejercer un liderazgo positivo y abrir al mismo tiempo una puerta al optimismo.
Antonio Papell es periodista.
