En la búsqueda de una solución a la escalada de la crisis de la deuda europea, dos principios igual de importantes y conflictivos han llevado a sus defensores respectivos a un punto muerto que no deja de alimentar su evolución, de modo que el desmembramiento completo de la Eurozona se ha convertido en una amenaza seria.
El principio de la responsabilidad exige que los Estados miembros se impliquen en una consolidación irrevocable de sus finanzas públicas y finalmente en la reducción de la deuda pública hasta llegar a lo que se entiende generalmente por sostenibilidad fiscal.
El principio de la solidaridad, por otro lado, exige que los países más fuertes apoyen a los débiles en momentos de crisis grave, reduciendo los incentivos de los destinatarios de la ayuda para demostrar la disciplina fiscal necesaria una vez que el punto álgido de la crisis ha pasado.
Ambas posturas parecen casi irreconciliables. Los defensores de la solidaridad se muestran sorprendidos de que sus compañeros en la Eurozona les dejen a la intemperie incluso a su propio riesgo, mientras que quienes defienden la responsabilidad sostienen que tantas promesas huecas les han decepcionado.
Combinar ambos principios
Para contener la situación hace falta un mecanismo que permita la combinación de ambos principios. Debe ser capaz de calmar a los mercados, demostrando con firmeza que la solidaridad prevalecerá. Y eso sólo puede lograrse si los países fuertes prestan su reputación, es decir, sus primas bajas de riesgo en el mercado de bonos, a los miembros con crisis de liquidez.
Al mismo tiempo, es preciso un compromiso creíble que establezca la responsabilidad, con la adhesión de todos los estados miembros al Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento al menos a largo plazo. Sólo entonces se podrían discutir posibles vías para diseñar la futura estructura de gobernanza de la Eurozona en un clima más tranquilo, sin la urgencia de vida o muerte de la situación actual.
En su informe anual publicado el 9 de noviembre de 2011, el Consejo Alemán de Expertos Económicos ha puesto sobre la mesa la idea de que los líderes europeos consideren un mecanismo potencial de estas características, denominado Pacto Europeo de Amortización. Basado en las cláusulas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, combina la responsabilidad conjunta e individual, y un marcado compromiso particular hacia la refinanciación por parte de los miembros de la Eurozona durante los próximos años. De forma simultánea, traza una hoja de ruta para que todos los miembros logren un índice deuda/PIB del 60% en un plazo de dos décadas después del cual el pacto debería vencer.
El problema son los detalles
El problema son los detalles, y los partidarios de la responsabilidad tendrán que defender inflexibles que su principio se refleje lo suficiente en el diseño concreto del Pacto Europeo de Amortización.
La idea principal de nuestra propuesta es la separación entre la deuda acumulada hasta la fecha por cada Estado miembro de la Eurozona en una parte compatible con el umbral del 60% de la deuda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la parte que supere dicho límite.
Tras una secuencia de necesidades de refinanciación inmediata en una fase de inclusión que se prolongue varios años, los participantes del pacto serán capaces de refinanciarse a sí mismos a través de un Fondo Europeo de Amortización hasta que el importe de la deuda refinanciada por este último alcance la diferencia actual entre la deuda acumulada hasta la fecha y la deuda hipotética situada exactamente en el 60% del PIB.
Aunque de ahí en adelante cada país tendrá que cumplir con su propia deuda financiada con el nuevo fondo hasta su total devolución y la desaparición del mismo, los participantes serán responsables solidarios de la deuda, asegurando así la asequibilidad del coste de refinanciación para todos.
Diferencias con los eurobonos
La diferencia básica con la idea de los eurobonos, además de su duración limitada, viene marcada por los vínculos de participación. Concretamente, hace falta un compromiso serio para asegurar que la deuda no refinanciada por el mecanismo no vuelva a superar el umbral del 60%. Y eso deberá estar garantizado mediante unos límites de endeudamiento introducidos en las Constituciones de los Estados.
Alemania y Suiza podrían servir de ejemplo en el diseño de la norma constitucional. La propuesta permitiría que los cambios constitucionales llevasen su tiempo, ya que el periodo de inclusión en el fondo se prolonga varios años.
Si un participante incumpliera su compromiso durante la fase de inclusión, ésta se paralizaría para ese país. Además, la amortización de la deuda iría garantizada mediante unas normas fiscales especiales, diseñadas para generar ingresos destinados a saldar la deuda. Por último, cada país deberá garantizar su deuda con el fondo mediante una fianza del 20% en forma de reservas internacionales (oro y divisas extranjeras). Cuando un participante del pacto de amortización fallara a sus compromisos, perdería el colateral depositado.
El tamaño del nuevo fondo
Al final de la fase de inclusión, el tamaño del nuevo fondo alcanzaría aproximadamente los 2,3 billones si todos los miembros de la Eurozona participaran, aunque no contasen con el respaldo del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Los dos participantes más importantes serían Italia, con algo más del 40%, y Alemania, con cerca del 25%. Con el tiempo, la deuda acumulada en el nuevo fondo se amortizaría hasta su disolución en unos 25 años. La vía de la amortización exigirá un esfuerzo tremendo a los países participantes y la tarea será aun más ardua para los que comiencen con un índice mayor de deuda.
El excedente primario exigido a Italia para alcanzar este objetivo sería del 4,2% del PIB cada año durante el periodo de amortización, asumiendo que el PIB nominal creciera a un 3% anual, que el nuevo fondo se enfrentara a un coste de refinanciación del 4% y que el tipo de interés que Roma tiene que pagar por la deuda restante fuese del 5%. Alcanzar un excedente primario del 4,2% del PIB en un plazo amplio exigirá una disciplina fiscal sostenida. Pero el plan deberá resultar atractivo para Italia pese a las estrictas condiciones de su participación, pues la responsabilidad conjunta e individual del fondo garantiza un coste menor de la refinanciación. El excedente primario exigido a Roma para alcanzar la misma reducción de la deuda sin el esquema del nuevo fondo (suponiendo un tipo de interés del 7%) sería en principio superior al 8% del PIB.
Para el segundo gran contribuyente del nuevo fondo (Alemania), la participación convertiría esa ventaja en desventaja. Sólo se convencerá a Berlín de participar en el nuevo fondo si la alternativa es el peor escenario posible de la refinanciación ilimitada de miembros de la Eurozona mediante el BCE y si las disposiciones para garantizar la disciplina fiscal y la ayuda limitada del Fondo Europeo de Amortización son creíbles.
Harán falta las máximas garantías constitucionales, en caso de Alemania mediante un referendo, para garantizar que el nuevo fondo no degenere y se convierta en eurobonos incondicionales.
Desde luego, el Pacto Europeo de Amortización es un gran plan que exige de la Eurozona medidas audaces y compromiso a largo plazo. A cambio, ofrece la promesa de una solución definitiva a la crisis, amortizando la deuda en lugar de acumularla.
* Peter Bofinger, es profesor en la Universidad de Wurzburgo, miembro del Consejo Alemán de Expertos Económicos e investigador del Center for Economic and Policy Research (CEPR).
* Son coautores de este artículo:
x Wolfgang Franz, presidente del Consejo Alemán de Expertos Económicos.
x Lars P. Feld, director del Walter Eucken Institute y profesor de la Universidad de Friburgo.
x Christoph M. Schmidt, presidente de RWI Essen e investigador del CEPR.
x Beatrice Weder di Mauro, profesora de la Universidad de Maguncia e investigadora del CEPR.
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