En los últimos meses hemos estado asistiendo a una campaña de acoso y derribo a las centrales termosolares por parte principalmente de Iberdrola, Gas Natural y de su agente, Unesa.
Es lógico, ya que se equivocaron en la instalación de los 27.000 MW de ciclos combinados en los últimos años -y en la promoción de otro gran número de ellos que se quedaron pendientes- llevados por su voracidad, sin interpretar el sentido de los tiempos que avanzan hacia una generación eléctrica libre de emisiones de CO2 y al objetivo de un sistema energético menos vulnerable a las subidas de precios de los combustibles fósiles, cuyo impacto en nuestra economía tantos daños ha causado. Amén de que las políticas energéticas europeas y españolas promueven el ahorro y la eficiencia energética, lo cual debe llevar a un menor consumo de electricidad.
Se equivocaron, condicionando la planificación indicativa a sus ambiciones y generando la mayor burbuja energética que ha sufrido nuestro país en toda su historia. Ahora están tratando de hacer de su problema un problema nacional, cuando los españoles no tenemos por qué pagar los errores estratégicos de unos pocos directivos. Sin embargo, la penetración progresiva de las energías renovables responde a un compromiso vinculante de España con la UE y el cambio climático, con decisiones tomadas por gobiernos democráticos y ratificados por el Parlamento y, por tanto, plenamente legales.
Hablan de la burbuja termosolar intentando cercenar el desarrollo de esta tecnología, ofreciendo un cambio de cromos con aerogeneradores, de cuyas elevadas primas en el pasado tanto se aprovechó -y se continua aprovechando- Iberdrola, y que siempre necesitarán el respaldo de ciclos combinados por lo cuales también cobran aunque no funcionen.
¿A qué se llama burbuja?
Pero ¿de qué burbuja termosolar hablan estos señores? La termosolar es la tecnología que más rigurosamente ha cumplido las expectativas y objetivos del PER 2005-10 y, desde luego, las leyes de nuestro país.
Su incremento de potencia viene siendo de unos 400 MW anuales y continuará con ese ritmo constante, con primas significativa y progresivamente decrecientes hasta 2020, alcanzando la paridad con la generación convencional muy probablemente antes de esa fecha. Si se corta ese ritmo, se destruirán los empleos.
Por cierto, dejando aparte los empleos en explotación de las centrales, los empleos globales del sector eléctrico a los que alude el señor Montes habrá que repartirlos proporcionalmente entre todas las formas de generación, ¿o no?
¿Se puede llamar a eso una burbuja? Cualquier analista lo calificaría de una planificación industrial y tecnológica que está aportando al país un liderazgo mundial, atracción de capitales extranjeros, una relevante contribución al PIB y a la balanza fiscal y una gran generación de empleo en la construcción de las nuevas centrales de más de 20.000 personas al año.
Las centrales termosolares recibieron primas por valor de 4, 22 y 185 millones?en 2008, 2009 y 2010, respectivamente, mientras que su aportación al PIB fue de 723, 1.182 y 1.650 millones?en dichos años. Claro que cuando estén funcionando los 2.400 MW preasignados en 2014, sus primas serán mayores, pero en ese momento también lo será su contribución al PIB así como la rebaja inducida en los precios del pool, el ahorro de importaciones de gas y el ahorro en derechos de emisión. Los efectos positivos serán, sin duda, en conjunto, mucho mayores que las primas de esos 2.400 MW termosolares.
Señor Montes, ¿por qué intenta confundir a los ciudadanos señalando que si se recortan las primas a las renovables no se tendrían que recortar otros servicios del Estado? El déficit tarifario no tiene nada que ver con el déficit público y usted lo debería saber. Las renovables contribuyen a mejorar las cuentas públicas. Un recorte en los beneficios de las eléctricas contribuiría más directamente a eliminar el déficit tarifario ya que, mientras que las renovables reducen el precio del pool, los beneficios de las eléctricas no.
¿Alternativas?
¿Qué alternativas tiene el nuevo Gobierno? Un intento de recorte retroactivo a los proyectos preasignados resulta impensable. El Gobierno sabe las repercusiones internacionales que tal actuación conllevaría. Una moratoria de los nuevos proyectos termosolares provocaría retrasar la paridad con las energías convencionales así como una destrucción de empleo y de ingresos fiscales de elevadas proporciones, además de perjudicar irreversiblemente el liderazgo español para abordar mercados billonarios en terceros países.
Sólo le queda actuar sobre los excesivos beneficios de las eléctricas derivados de la explotación de instalaciones superamortizadas y transmitir con naturalidad el mensaje de que quienes provocaron la gran burbuja de los ciclos combinados de gas deben afrontar sus consecuencias y no hacerlas recaer sobre el conjunto de los usuarios del sistema eléctrico.
Valeriano Ruiz y Luis Crespo, presidente y secretario general de Protermosolar, respectivamente.
