En las últimas semanas, muchos son los que se preguntan si España será intervenida. Los hay que lo dan por hecho, aunque para ser exactos hay que decir que ya estamos intervenidos en la práctica. Si no, no se entiende el giro que dio el presidente del Gobierno en mayo de 2010, reconociendo la crisis y comenzando una serie de reformas que le venían impuestas desde fuera. Giro que le ha costado mucho en lo personal y en lo político.
Sin embargo, hacer pronósticos de lo que pasará en el futuro es muy arriesgado. Aunque siempre se puede responder en gallego -lo que resulta hoy muy adecuado- diciendo que a buen seguro sucederá lo que es previsible, pero que, con suerte, se podrá evitar lo que no se desea.
Tener la economía intervenida significa que la política económica la marcan otros. Es decir, que se pierde soberanía en ese capítulo. Y esto sucede cuando los acreedores a los que no se les puede pagar, y los organismos interventores, no se fían de que una mala gestión acabe con el dinero de los prestamistas. Para eso están las primas de riesgo y otro tipo de parámetros financieros que determinan la calidad del prestatario. Por lo que, a día de hoy, con una prima de riesgo por encima de los 460 puntos básicos, España es un país de alto riesgo.
No consuela que Grecia esté en bancarrota o que tengamos por delante a Portugal, Irlanda e Italia, ya que el problema fundamental es que nos separamos cada vez más de la zona confortable.
La pregunta que asalta es la siguiente: ¿Seguirá España, con Italia, un camino parecido al griego? Yo, personalmente, no lo creo. Pero esto no quiere decir que nuestro país no esté bajo vigilancia constante y que no se le marquen desde instancias internacionales los objetivos a cumplir; que no son otros sino alcanzar el techo de déficit y hacer las necesarias reformas estructurales. Ya que de otra manera, si los inversores institucionales no compran nuestra deuda, entraríamos abruptamente en bancarrota. Con las consecuencias que tendría en la sostenibilidad de nuestro sistema económico y político.
El caso es que en el mundo actual todo se sabe. Instituciones como la propia UE y, no digamos, el FMI, conocen a la perfección nuestra situación. Todo es palmariamente transparente. Un dato: en julio de este mismo año, el FMI emitió un informe (IMF Country Report nº 11/216) que despiezaba la economía española en todos sus elementos: el estado de la deuda pública y privada, el peso de la construcción en la economía, las medidas a poner en práctica para mejorar la situación fiscal, los efectos de la reestructuración de las cajas, la sostenibilidad de la economía española y su comparación con otras economías de nuestro entorno, la situación laboral, e incluso los factores que influyen en la inflación. Decenas de cuadros y comparaciones con otros países muestran con claridad cómo estamos. De lo que se deducen dos conclusiones evidentes. Primero, España está en observación permanente. Y segundo, como ya se ha dicho, somos un país de riesgo.
En 2012 encaramos la renegociación de al menos 220.000 millones. Y digo renegociación porque evidentemente no podemos pagar esa enorme cifra. Unos 120.000 millones de bancos y cajas y el resto del Estado. Ya se entiende que los acreedores nos presionen de múltiples formas cuando ven nuestra economía estancada, con más del 22 por ciento de paro, y con las reformas a medio hacer. De ahí las idas y venidas de altos representantes alemanes a nuestro país.
En época de elecciones se podrán proponer las soluciones más creativas que estimen los candidatos. Ya sea una moratoria hasta 2015 o que los trabajadores de Fuenlabrada (es un ejemplo) alquilen viviendas en la costa para resolver el problema inmobiliario. Pero es evidente que un país como el nuestro, con decenas de compañías internacionales y con un papel fundamental en la UE, no tiene otra salida que cumplir sus compromisos y hacer una política económica seria en toda la extensión de la palabra. Lo que no sólo se refiere a los ajustes estructurales necesarios, sino también a abordar otros capítulos abandonados, como es la imprescindible reforma energética, por poner un ejemplo.
Pero eso no es todo. Se ha perdido mucho tiempo poniendo el foco en lo innecesario y gastando sin tino, lo que ha llevado al país a más de 5 millones de parados. Ahora toca volver a la senda de la racionalidad política y económica. Lo que pasa por una época de austeridad, amén de abordar las necesarias reformas para que la maquinaria vuelva a echar a andar. Reformas que todos conocen: racionalizar el enorme gasto del Estado y eliminar las duplicidades, realizar una reforma laboral que permita crear empleo, quitar trabas a la creación de empresas (España ocupa el lugar 133 en el ranking de los países con más dificultades para crear un negocio), abordar seriamente el fraude fiscal, etc. No hay mucho tiempo. El trabajo empieza la semana que viene. De otra manera, España será intervenida a la griega en 2012.
Eduardo Olier es director de la Cátedra de Geoeconomía de la Universidad CEU San Pablo.
