El anuncio de la Comisión Europea sobre los ejes prioritarios de la red de transportes europea y su financiación comunitaria es una buena noticia para España. El plan, que incluye el Corredor Mediterráneo, la conexión Lisboa-Madrid y la del País Vasco con Bayona, en Francia, implica para nuestro país una inversión cercana a los 50.000 millones entre 2014 y 2020, para los que contaría con una financiación de la UE que rondaría los 4.000 millones.
El anuncio se produce cuando muchos Gobiernos se esfuerzan por desarrollar planes de infraestructuras en un difícil contexto presupuestario, analizando minuciosamente cada iniciativa, reconsiderándola y abriendo la puerta a la participación privada. Una opción que a buen seguro constituirá el eje de las inversiones en infraestructuras europeas y del resto del mundo en el futuro.
Los retos de los Gobiernos
Los Gobiernos se enfrentan a retos como la concurrencia de condiciones para el desarrollo de los proyectos y, como si fuera una obra de teatro, los distintos actores -Administraciones Públicas, entidades financieras y gestores de infraestructuras- tienen un papel en cada escena. Ningún actor debe quedarse detrás del telón y la improvisación sería un gran riesgo para la representación.
Las AAPP, con el papel protagonista, deberán considerar cuestiones como la restricción presupuestaria, la seguridad jurídica, la estrategia de inversión o la instrumentación de los proyectos. También deberían optimizar la transferencia de riesgo y transmitir sólo aquéllos en los que se puedan obtener precios eficientes. Situaciones como el cambio en el marco regulatorio en relación con el coste de las expropiaciones de terrenos no ayudan al proceso.
Para las entidades financieras -en el papel de director- es vital que la remuneración del proyecto tenga una recompensa según la transferencia de riesgos, con preferencia del denominado modelo de pago por disponibilidad -la Administración paga un canon al concesionario en función de unos estándares de disponibilidad y calidad de las infraestructuras-. Últimamente, dichas entidades han pasado a incluir en sus análisis el riesgo pagador de la Administración, avivado por la frágil situación económica de algunos países. También la distribución de su apalancamiento ha variado notablemente, asumiendo una proporción de la financiación muy inferior a la anterior a la crisis.
Por último, los gestores de infraestructuras -el artista invitado-, se muestran ansiosos por entrar en escena, aunque sea sólo para participar en procesos con rendimientos fiables a largo plazo. Y cada vez es más habitual ver en escena a los mercados de bonos o los fondos especializados en infraestructuras. Mientras que los primeros están disponibles sobre todo en fases avanzadas de los proyectos por las dificultades para obtener rating suficientes para el mercado de capitales, los fondos de infraestructuras revisan las carteras de los gestores de dichas infraestructuras, analizando los riesgos y el entorno de control del dividendo, y buscando proyectos sin necesidad de refinanciación.
¿Cuáles serían las siguientes escenas en la representación? Muchos países consideran la modernización de las infraestructuras crucial en su competitividad futura, y para acomodar a las poblaciones en crecimiento de los entornos urbanos. El gasto en infraestructuras en los próximos 25 años superará los 50 billones de dólares en el mundo, según el último informe global sobre Infraestructuras de Ernst & Young y Urban Land Institute. Los datos animan enormemente a todos los partícipes en el sector, si bien antes deberán despejarse las incertidumbres sobre la economía de los países. El desarrollo de las infraestructuras del futuro deberá enfocarse en proyectos con verdadero sentido económico, sin hipotecar a generaciones futuras, para que el telón no se baje antes de tiempo.
Fernando González Cuervo es Senior Manager de Auditoría de Ernst & Young.
