El presidente del Gobierno se ha reunido en dos ocasiones con los representantes más importantes de nuestro país, que suman alrededor del 50 por ciento de PIB de España. La primera convocatoria se realizó en un momento de suma gravedad. Estábamos, por aquellos días, al borde del precipicio, impulsados por una debilidad económica, especialmente financiera y de carácter público, y por el desordenado apetito de lo que hemos venido llamando eufemísticamente los mercados, que veían en la península dos piezas fáciles de cobrar para colmar su insaciable voracidad.
No hubo nada que objetar, la situación requería acciones rápidas y radicales, y el Gobierno se apresuró a hacer público un nuevo paquete de medidas y a ratificar las tomadas meses atrás; no era prescindible trasladar una imagen de nuestros puntos fuertes, alejándonos así de los injustos parecidos que nos achacaban con países rescatados o que iban en caída libre hacia una inevitable y durísima ayuda condicionada de Europa, como era el caso de nuestro vecino Portugal.
Y la reunión tuvo efectos positivos. Mostró el Ejecutivo a los españoles, primero, porque era imprescindible una recarga de confianza en nosotros mismos, y al mundo, después, unos grandes bancos en una posición envidiada por los de otros países teóricamente en mejor situación que el nuestro; una gran empresa de telefonía en condiciones de competir con las más importantes del mundo; unas compañías constructoras y de servicios que extienden su actividad con éxito por los cinco continentes sin complejos; y unas empresas de energía con una incomparable expansión en el mundo anglosajón, Gran Bretaña y EEUU, a lo que se suma una posición tan privilegiada como tradicional en países que se entienden en nuestra misma lengua. Era necesario hacer lo que se hizo y se realizó; no hubo quejas. Por otro lado, supimos que el diálogo fue cortés, franco y abierto, mostrando la clerecía empresarial las razones de su profunda preocupación.
La segunda reunión, en cambio más discutida, ha coincidido con la crisis política y la explosión financiera de Portugal (que ha sido considerado el anterior peldaño al nuestro), con el desastre natural de Japón (el tercer país industrial del planeta), con su natural repercusión en el mundo financiero y sus secuelas en el debate nuclear, adormecido hasta entonces y que renace debido más a la apresurada e inmadura reacción alemana que a los efectos provocados por el tsunami en la central nuclear de Fukushima. Ha coincidido, por último, con el inicio de las hostilidades bélicas en Libia -no sabemos si epílogo de una ola de revoluciones democráticas a favor de la dignidad y los derechos humanos en el norte de África que provoca una alarma justificada por dos motivos no de escasa importancia: su cercanía a nuestras costas mediterráneas y el inevitable encarecimiento de los productos petroleros-. Poco que objetar, desde mi punto de vista, a esta segunda reunión. Se ha discutido en los mentideros políticos la intervención de algunos representantes empresariales. Al contrario que la mayoría, pienso que Botín no se metió en partidismos -solemos confundir partidismo y política con frecuencia- al decir al presidente que gobierne mientras tenga los apoyos parlamentarios necesarios y que dejaran de enredar los que enredan con la sucesión de Zapatero. Tal vez sí podamos criticar la propuesta de las 30.000 becas hecha por el Gobierno con la intención de mostrar una fotografía social del encuentro, y que habría sido más razonable, lógico y correcto negociar con la CEOE.
En la misma reunión, impulsado el presidente por un optimismo comprensible, si tenemos en cuenta la desagradable situación que se le presenta dentro del partido, anunció un tercer cónclave para evaluar los compromisos adquiridos. Y este anuncio es el que enciende alarmas políticas e institucionales, aunque hayan pasado desapercibidas en el simple y aburrido rifirrafe político español.
Mi preocupación tiene que ver con la naturaleza de las reuniones. Han sido convocadas por razones extraordinarias, siendo extremas e inusuales las circunstancias que han legitimado las dos conferencias; si llegaran a institucionalizarse, a adquirir normalidad, en cierta medida a no sorprender, los efectos, creo que no deseados, serían variados y negativos.
La primera consecuencia sería la consolidación de la imagen de un desvergonzado poder fáctico que actuaría a plena luz del día. En otras palabras, nos encontraríamos con un Gobierno paralelo al constitucional o, en el mejor de los casos, un Ejecutivo condicionado de forma determinante por un sector, por otro lado muy poderoso, de la sociedad que defendería sus legítimos intereses de naturaleza privada y, por lo tanto, en ocasiones discrepantes con los de carácter general. De menor importancia, pero inevitablemente, no serían pocos los que terminarían considerando -dando la razón a campañas de propaganda más o menos burdas- a los empresarios como un instrumento más de los que el Gobierno utiliza para favorecer sus intereses menos característicos y más partidarios, corriendo el peligro de perder una neutralidad, tal vez mejor podemos hablar de independencia, que les habilita para desarrollar su labor emprendedora sin importar el color ideológico del Ejecutivo de turno.
Pero me topo en esta meditación apresurada con otras consecuencias menos evidentes pero más graves a medio y largo plazo. Para el buen funcionamiento de cualquier país es imprescindible el equilibrio entre la sociedad civil (el músculo) y sus instituciones (el tejido óseo). El desenvolvimiento eficiente de la comunidad, con la defensa de sus intereses y anhelos, necesita que las instituciones garanticen sus iniciativas, la defensa de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, desterrando la arbitrariedad de la vida pública. Si adquirieran, por la puerta de atrás, un papel institucional -y no cabe duda que la repetición de estos maitines les contagiaría este carácter- terminarían preteriendo a su representación, menoscabando la transcendencia de la democracia representativa, organizada alrededor de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y veríamos aparecer con fuerza caudalosa la arbitrariedad.
En España, este peligro es mayor si tenemos en cuenta que la sociedad civil parece exánime y las instituciones se han debilitado durante estos últimos 30 años, influidas por la intromisión descarada de unos partidos políticos privilegiados que restringen la vitalidad de las instituciones con la estrategia de coparlas, desposeyéndolas de la necesaria neutralidad, garantía para asegurar el libre ejercicio de la ciudadanía.
Necesitamos, en contra de algunas desalmadas campañas, a las instituciones de intermediación social y organizaciones sindicales y empresariales fuertes para enfrentarnos con más eficacia a las dramáticas consecuencias de la crisis económica. Para ello, no deben ser sustituidas o suplantadas por dinámicas asamblearias que debilitarían los límites de actuación de quien ostenta el ejercicio del poder? En fin, si lo extraordinario adquiere la rutina de la costumbre, la normalidad se convertirá en excepcional.
Nicolás Redondo, Presidente Fundación para la Libertad.
