Industria farmaceutica

Los laboratorios exigen a las autonomías 4.400 millones

Foto: Archivo

La deuda de las comunidades autónomas con los laboratorios farmacéuticos no deja de crecer y crecer. Y eso pese a que el gasto público en medicamentos cayó el año pasado un 2,3 por ciento. Sin embargo, el retraso en el pago de las facturas se incrementó en 2010 un 38 por ciento, hasta los 4.395 millones de euros, la cantidad que los laboratorios farmacéuticos aún no han recibido de los gobiernos regionales.

Este hecho no es de extrañar si se tiene en cuenta que algunas comunidades, como es el caso de Cantabria o Castilla y León, tardan de media alrededor de dos años en cumplir con sus obligaciones, según la cifras iniciales correspondientes al ejercicio pasado recogidas por Farmaindustria, la patronal de los laboratorios farmacéuticos innovadores.

No obstante, por suerte para las cuentas de las compañías farmacéuticas, los casos de Castilla y León y Cantabria no son la norma, ya que de media en España las comunidades autónomas tardaban en pagar sus facturas 381 días al cierre del ejercicio pasado.

El caso valenciano

De todas las autonomías, Valencia es la que más ha incrementado su deuda hospitalaria en términos porcentuales con respecto al año anterior, la cual se ha duplicado desde los 356 millones de euros de 2009 a 720 millones de euros. Un cantidad que, por otro lado, se aleja bastante de los 1.063 millones de euros que debe Andalucía, la comunidad que más endeudada se encuentra con los laboratorios farmacéuticos.

Pero también, como es el caso de Ceuta, Melilla o País Vasco, hay comunidades que cumplen con sus obligaciones en un tiempo razonable. En el caso de estas tres, todas tardan menos de 100 días en pagar sus facturas.

Para tratar de revertir la dinámica en la que se encuentran muchas autonomías, los distintos gobiernos autonómicos están poniendo en marcha diferentes medidas que ayuden a reducir su gasto farmacéutico. Por su parte, el Gobierno también aprobó dos Reales Decretos a lo largo de 2010 para intervenir el precio de los medicamentos. Unas medidas que según Farmaindustria conllevarán la pérdida de alrededor de 20.000 empleos directos e indirectos.

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