Madrid, 8 jul (EFE).- La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha insistido hoy en la imparcialidad del proceso concurso para impartir los cursos de recuperación de puntos del carné de conducir y ha ofrecido su colaboración a la Dirección General de Tráfico (DGT) para esclarecer las supuestas irregularidades que le salpican a esas entidades.
En un comunicado, la CNAE realiza este ofrecimiento después de que la DGT haya informado del cese de su subdirectora adjunta de conocimiento vial tras las irregularidades en la concesión del control de los cursos de recuperación de puntos.
La directora general de Tráfico ha tomado esta decisión tras la investigación abierta después de que saliera a la luz una grabación de una conversación entre esa subdirectora, Marta Carrera, y el presidente de la CNAE, José Miguel Báez, gestor y beneficiario de los mismos desde hace diez años, para amañar supuestamente los pliegos del concurso público para conceder el control de los cursos.
Tras la asamblea ordinaria celebrada hoy, la CNAE reitera su "disponibilidad y total colaboración con la DGT para esclarecer cualquier tipo de información sobre el proceso del concurso del permiso por puntos, en la convicción de que se demostrará la imparcialidad del mismo".
A la vez, expresa su "respeto" a las decisiones que decidan tomar el Ministerio del Interior y la propia DGT para el cumplimiento de ese objetivo.
En el comunicado, las autoescuelas apoyan la labor que desarrollan los funcionarios y trabajadores de la DGT y "lamenta el perjuicio que se les está causando con las diversas noticias publicadas durante los últimos días".
Asimismo, demanda "respeto" para todos los profesionales del sector de las autoescuelas y de la formación de conductores, y reivindica la labor que realizan para "reducir la siniestralidad y mejorar la seguridad y educación viales".
Insiste el comunicado en poner en valor al sector de las autoescuelas, que tiene como una de sus principales funciones ofrecer el mejor servicio al ciudadano, "observando en todo momento las mejores prácticas en su relación con las administraciones".
Y por todo ello, reafirma "el compromiso con la presunción de inocencia, la transparencia y la independencia informativa", a la vez que mandata a su departamento jurídico para que "analice cuantas medidas legales considere necesarias para preservar los principios de legalidad y los mandatos marcados por la asamblea".
