El Gobierno británico ha iniciado una carrera contrarreloj para despejar el creciente escepticismo sobre su plan para el Brexit. Este martes sufrió para contener el escándalo de un supuesto memorándum interno que probaba la absoluta ausencia de estrategia de salida, pero las lagunas alegadas en el informe son cada vez más evidentes en una Administración dividida entre el núcleo duro, que reclama una ruptura integral, y el sector que pretende mantener lazos lo más estrechos posibles con la Unión Europea.
Downing Street se desvinculó del análisis que el diario The Times llevó a su portada: no sólo lo calificó de externo, sino que lo atribuyó a analistas sin relación alguna con el entorno de Theresa May. Deloitte, a quien corresponde la autoría, admitió que se trataba de un trabajo "diseñado principalmente para audiencias internas". En consecuencia, confirmó que ni había sido encargado por Ministerio alguno, ni había tenido acceso al Número 10.
Sin embargo, pese a los esfuerzos del Ejecutivo, resulta difícil no reconocer la visión contenida en el memorándum. Transcurridos cinco meses del referéndum, la única certeza es que la primera ministra quiere activar el Brexit en marzo y ni siquiera esta meta está garantizada, puesto que mucho dependerá del fallo del Supremo sobre a quién compete pulsar el botón de salida, si al Gobierno o al Parlamento británico.
Por ello, es inevitable identificar los aspectos más polémicos del informe, ya que, por un lado, May se niega a desvelar detalle alguno, más allá del críptico "Brexit significa Brexit", mientras, por otro, las diferencias en el seno de su Gabinete son evidentes, gracias a las reiteradas filtraciones de las distintas facciones para favorecer su agenda.
Peligro de ruptura pública
De hecho, la principal preocupación de la premier actualmente se centra en el riesgo que de las divisiones conduzcan a una ruptura pública, sobre todo dada la reducida mayoría con la que los conservadores cuentan en el Parlamento. Es más, el informe alude expresamente a la brecha entre los responsables de los tres departamentos directamente relacionados con el divorcio y el ministro del Tesoro, un distanciamiento que lleva ocupando titulares prácticamente desde la toma de posesión del Ejecutivo.
Como consecuencia, una de las tácticas en preparación ante las difíciles semanas por delante es anticiparse al peor escenario, que implicaría la pérdida del recurso ante el Supremo e, inevitablemente, traspasar el control sobre el Brexit al Parlamento: para proteger el calendario marcado, el Gobierno estaría dando forma a una ley a prueba de diputados, es decir, tan concisa que no haya posibilidad de enmendarla. De acuerdo con la BBC, tendría una extensión de apenas tres líneas.
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