El Gobierno empieza a comprender la necesidad de evitar una imagen de quien ignora al Parlamento y, tras haber mantenido inicialmente que el Brexit competía exclusivamente al Ejecutivo, empieza a relajar su obstinación para implicar a Westminster en un proceso que determinará el futuro de la democracia más antigua del planeta.
El primer paso, permitir a los diputados debatir, tuvo lugar para ahorrarse el escarnio de una derrota en la Cámara de los Comunes porque no son pocos los escaños conservadores que han formado pinza con los demás partidos contra un Brexit duro. El alineamiento no sorprende, puesto que antes del referéndum, dos tercios del Parlamento apoyaban la continuidad en la UE.
El problema es que la voz no basta a diputados que quieren también voto en la que será una de las decisiones más importantes de la historia británica reciente. Su aspiración era pronunciarse sobre la propuesta antes de que Theresa May la trasladase a Bruselas, pero la premier sabía que Westminster podría tumbar su plan antes de exponerlo a los líderes comunitarios.
Por ello, de momento, ha hallado una solución intermedia que, si bien no será de la satisfacción plena de los parlamentarios, al menos sí garantiza el voto de la Cámara. El matiz es que sería al final del proceso, supuestamente en 2019, y significaría aprobación, o nada: de acuerdo con la ley vigente, el único papel de Westminster es ratificar tratados, ni siquiera enmendarlos.
Como consecuencia, rechazar el acuerdo no implicaría una nueva negociación, sino simplemente que Reino Unido abandonaría la UE sin ninguna de las propuestas pactadas, por lo que pasaría a depender exclusivamente de la Organización Mundial de Comercio.
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