El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) condenó hoy a España por los malos tratos infligidos durante su arresto y detención incomunicada a los dos miembros de ETA que atentaron en la T-4 del aeropuerto de Madrid-Barajas, el 30 de diciembre de 2006.
El fallo concluye que España vulneró la prohibición de tratos inhumanos o degradantes en su aspecto material (el maltrato en sí) y procesal (no investigarlo), que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cuatro de los siete jueces de la Sala Tercera votaron a favor de que el Estado indemnice a los dos demandantes, Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal, con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por daños morales.
Los dos terroristas, que cumplen condena en las prisiones de Córdoba y Jaén, fueron detenidos en el País Vasco el 6 de enero de 2008 por agentes de la lucha antiterrorista de la Guardia Civil. Alegaron que en el traslado hasta el cuartel de Intxaurrondo recibieron "patadas y golpes" y posteriormente "fueron golpeados por agentes de inteligencia".
Tras ser examinados al día siguiente por dos médicos forenses, Portu fue hospitalizado y Sarasola conducido a Madrid y puesto en detención incomunicada. Varios informes médicos constataron diversas lesiones. Portu necesitó atención médica durante 27 días y Sarasola, 14.
La Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó en 2010 a cuatro agentes de la Guardia Civil a diferentes penas "por delitos de torturas graves", que el Tribunal Supremo anuló un año después. Según el fallo del Tribunal de Estrasburgo, las lesiones "están suficientemente demostradas", se produjeron cuando "estaban en manos de la Guardia Civil" y su existencia "no ha sido negada ni por el Tribunal Supremo ni por el Gobierno". Por ello, añade, "la responsabilidad debe ser imputada al Estado".
La sentencia establece que fueron malos tratos y no tortura, porque las lesiones no tuvieron consecuencias a largo plazo y por la ausencia de pruebas concluyentes sobre el objetivo del trato infligido. Tres jueces de la Sala publicaron una opinión parcialmente disidente, al considerar que los dos terroristas sufrieron torturas y no malos tratos.
España ha sido condenada por el TEDH once veces desde 2004 por casos de malos tratos o por no investigarlos, nueve de ellos relacionados con miembros de ETA.
El dinero podría ir a las víctimas
Portu y Sarasola no llegarán a cobrar ese dinero con toda probabilidad, ya que fueron condenados a abonar más de 46 millones de euros en indemnizaciones. La Justicia, como ha sucedido en otras ocasiones, bloqueará previsiblemente la indemnización impuesta a España para restarla de la deuda que tienen contraída con las víctimas y la administración por daños personales y materiales.
En concreto, la Audiencia Nacional condenó en 2010 a los dos terroristas, que cumplen condena en las prisiones de Córdoba y Jaén, a 1.040 años de prisión como autores del atentado de la T-4, en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos y con el que la banda terrorista ETA rompió su última tregua.
A esta pena, la sección tercera de la sala de lo Penal de este tribunal sumó más de 2,5 millones de euros por daños personales y materiales a las víctimas, a indemnizar al Estado con 1.169.002,48 euros y al Consorcio de Compensación de Seguros con 41.675.745,95 euros.
No es la primera vez que el Estado es condenado por el tribunal de Estrasburgo a pagar a un etarra. El precedente más conocido e inmediato fue el caso de Inés del Río, la etarra que recurrió a Europa la doctrina Parot y que consiguió su anulación en octubre de 2012.
Junto con su puesta en libertad de inmediato, la sentencia de la gran sala de este tribunal europeo condenó a España a pagar a Del Río 30.000 euros por daños morales (haber estado en la cárcel más tiempo) y 1.500 euros por gastos y honorarios.
Ninguno de estos pagos fue afrontado por el Estado. De hecho, la Audiencia Nacional acordó por unanimidad su excarcelación y también bloquear esta indemnización a fin de que se destinara al pago de responsabilidades civiles fijadas para las víctimas y del derecho de subrogación al Estado.
Inés del Río debía 6.470.000 euros en concepto de indemnización por responsabilidad civil por las sucesivas condenas de los tribunales tras ser condenada por una veintena de atentados.
