En pocos meses, el Constitucional, la Abogacía del Estado y la Fiscalía han pedido la inhabilitación de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por no impedir el debate independentista en la Cámara. A pesar de su complicada situación, Forcadell se esfuerza por alardear de confianza.
Forcadell comenta, incluso, a los integrantes de la Mesa del Parlament que lo del Constitucional quedará en nada: "Estos del PP no se atreverán a echarme, pase lo que pase". De hecho, suele sacar a colación a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y su reciente visita a Barcelona, como prueba de que el Gobierno está más "suave" en este tema.
En este sentido, Forcadell y otros componentes de la Mesa del Parlament dan por hecho que el Gobierno retirará todos los recursos de inconstitucionalidad contra la Cámara autonómica y la Generalitat en busca de un salida pactada entre ambas administraciones.
En Génova saben de estos comentarios, y fuentes populares insisten en que "nada tiene que ver el mayor esfuerzo por dialogar con la obligatoriedad que todo cargo público tiene de cumplir la ley".
Forcadell está acusada de desobediencia y prevaricación cometida al permitir que se votaran el 27 de junio pasado las conclusiones de la comisión del proceso constituyente pese a la advertencia del Tribunal Constitucional.
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