El último modelo de financiación autonómica, que entró en vigor en el año 2009 de la mano del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, "alimenta el populismo y las tensiones institucionales" por las enormes diferencias que provoca en función del territorio en el que se resida. Así lo consideran los expertos del Consejo General de Economistas, autores de un estudio que pone de relieve como los dispares criterios utilizados en aquella reforma han provocado que los canarios, por ejemplo, reciban 708 euros menos al año que los cántabros; y que el arco Mediterráneo, habitual incumplidor del límite de déficit, no sea capaz de evitar esta situación pese a los recortes.
"El límite de déficit autonómico se ha vuelto a fijar por segundo año en el 0,7%. Parece evidente que el sistema carece de los recursos suficientes", explicó ayer Luis del Amo, secretario técnico de los asesores fiscales en el seno del Consejo General de Economistas, en el transcurso de la jornada de presentación del estudio. Este experto recuerda que el modelo se revisó en la parte superior del ciclo económico, en la que las regiones tiraban de ingresos vinculados a la actividad inmobiliaria. Y eso ya no sucede.
Ahora, siete años después de que entrara en vigor, la financiación autonómica genera enormes desigualdades entre españoles, con una inversión por habitante que no llega a los 2.000 euros anuales en el Mediterráneo, Canarias o Andalucía, y que sobrepasa los 2.442 euros anuales en el caso de Cantabria.
Un reparto que, además, no casa en absoluto con los ingresos tributarios de cada comunidad autónoma -en este sentido Madrid, Cataluña y Baleares son las más solidarias del sistema por su recaudación- y que pone de manifiesto que la solidaridad "debe tener algún tipo de límite". Así lo considera Ernesto Gómez, decano del Colegio de Economistas de La Rioja.
Modelo "poco transparente"
Desde el Consejo explican que la financiación autonómica es una materia especialmente farragosa en la que las divergencias se producen por efecto de los fondos de Suficiencia Global y de Convergencia, creados por el Ejecutivo socialista para intentar paliar las diferencias en la financiación per cápita -y a juzgar por los resultados, con poco éxito-.
Para ellos se tuvieron en cuenta criterios como el de insularidad, dispersión poblacional y otros que terminaron por introducir tensiones en el sistema. El reparto, coinciden los economistas del Consejo, "está mucho más ajustado teniendo en cuenta únicamente los recursos del Fondo de Garantía de Servicios Fundamentales (FGSPF), que el Estado reparte entre regiones para que atiendan la sanidad o la educación".
"Parece lógico pensar que cuando se reforme el modelo, esperemos que en un breve periodo de tiempo, el Estado tienda a otorgar más recursos para atender los servicios públicos y reduzca el resto de fondos", explican los autores del estudio.
Valentín Pich, presidente del Consejo, critica que el actual modelo "sea tan poco transparente". "Nadie entiende qué es lo que paga, y de ahí que surja la demagogia y falte la lealtad institucional", apunta. Pich ve "insostenible" la perdurabilidad de este sistema, más aún teniendo en cuenta que las necesidades financieras de los servicios básicos son cada vez mayores.
Y ello sucede en pleno proceso de consolidación fiscal, con Murcia, la Comunidad Valenciana e incluso Cataluña presentando un déficit superior al 2% mientras son de las regiones que menos dinero reciben por habitante. De ahí, por ejemplo, las constantes alusiones del presidente valenciano, Ximo Puig, a la deuda histórica que mantiene el Estado con la región, o el propio proceso independentista de Cataluña, que ha basado parte de su ideario en el supuesto maltrato fiscal que recibe del Estado calando hondo en buena parte de la sociedad.
El FLA, ¿moneda de cambio?
Para los autores del estudio, la reforma del sistema debe llevar aparejada una revisión del sistema impositivo. Hoy por hoy, los tributos en manos de las autonomías, como el de Patrimonio o los medioambientales, están introduciendo severas diferencias entre unos lugares y otros. Además, el modelo debe incluir una revisión de los porcentajes de los recursos tributarios que cada comunidad aporta al fondo estatal para la financiación de servicios públicos; e, incluso, una reforma del Consejo de Política Fiscal y Financiera que facilite la adopción de acuerdos entre Estado y autonomías.
Expertos como el Catedrático Juan José Rubio pronostican además que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) podría convertirse en "una herramienta de negociación clave" una vez que el futuro Gobierno decida renovar el modelo de financiación. Rubio incluso da por hecho que se pueda producir, en algunos casos, "condonaciones totales o parciales de la deuda" con el Estado.
Propuestas para una reforma "urgente"
Servicios públicos: Definir el nivel de gasto necesario para atender sanidad y educación.
Aportaciones: Cuantificar, según el grado de riqueza, el volumen de recursos tributarios que puede obtener cada CCAA.
Solidaridad: Rebajar porcentajes de recursos tributarios que cada región aporta al Estado.
Impuestos: Revisar impuestos cedidos e igualar los propios de las CCAA.
Fondos: Plantearse eliminar los fondos de Suficiencia Global y Convergencia.
Ordinalidad: Tener en cuenta las aportaciones por la capacidad tributaria de cada territorio.
