La consellera de la Presidencia, Neus Munté, ha acusado hoy al Gobierno de Mariano Rajoy de responder al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, con "más tribunales y menos política".
Munté ha salido así al paso de la decisión tomada hoy por el Consejo de Ministros de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) tres leyes catalanas de reciente aprobación por considerar que invaden competencias estatales, de manera que ya son 30 las normativas aprobadas en Cataluña que han sido impugnadas.
Se trata de la ley que permite establecer un impuesto a las viviendas vacías, la de igualdad entre hombres y mujeres y la que regula la actividad de los gobiernos locales en Cataluña. "Sólo 48 horas después de que Puigdemont se entrevistase con Rajoy y le pidiese más política y menos tribunales, la respuesta es más tribunales y más política. Si con esto querían hacernos llegar un mensaje, ha sido perfectamente recibido", ha protestado Munté.
La consellera ha recordado que, en su reunión con Puigdemont del pasado miércoles en la Moncloa, Rajoy "se comprometió a escuchar la demanda de no impugnar la ley contra la pobreza energética y los desahucios", aunque no hubo compromiso alguno en relación con la petición de "no judicializar la política" a base de nuevos recursos contra leyes y decretos catalanes.
Pese a este nuevo mazazo, Munté cree que la reunión prevista para el próximo jueves entre la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, "no ha perdido sentido" porque aún puede servir para abordar el documento de 46 reivindicaciones que Puigdemont entregó a Rajoy.
La Generalitat planteará alegaciones para levantar la suspensión cautelar de estas leyes que decretará el TC a petición del Ejecutivo central.
Estas impugnaciones refuerzan el "escepticismo" del Govern con respecto a la actitud del Ejecutivo de Mariano Rajoy, que por lo visto "no está en funciones para impugnar ante el TC" cuestiones "esenciales en el día a día" de los catalanes, ha señalado.
Las tres impugnaciones, ha denunciado la consellera, suponen un "ataque a la autonomía municipal", otro "ataque a los derechos de la mujer" y un alineamiento del Gobierno central con los "grandes poseedores" de pisos vacíos frente a "las personas más vulnerables".
El Gobierno central ha recurrido el impuesto a las viviendas vacías al considerar que no se puede gravar por segunda vez un mismo hecho imponible, teniendo en cuenta que la normativa estatal ya prevé que se pueda recargar hasta un 50 por ciento el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas no ocupadas.
Munté ha puntualizado que, en todo caso, el Govern no tiene por qué devolver los 11,3 millones de euros recaudados ya con este impuesto, porque hasta ahora "estaba plenamente vigente".
El Govern, pues, mantiene su "firme compromiso en continuar tirando adelante la hoja de ruta y el mandato democrático del 27S" y "defendiendo los derechos sociales de los ciudadanos" de Cataluña.
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