Las defensas del expresidente catalán Artur Mas y las exconselleres Joana Ortega e Irene Rigau en la causa del 9N han acordado no pronunciarse sobre la propuesta de la Fiscalía de que el Tribunal Supremo (TS) investigue al diputado Francesc Homs en una pieza separada del caso.
Según han informado fuentes judiciales, los abogados de los tres imputados han dejado correr el plazo que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dio a las partes para que alegaran lo que creyeran oportuno sobre la petición de la Fiscalía sin presentar ningún escrito en uno u otro sentido.
En una providencia enviada a las partes hace unos diez días, el magistrado Joan Manuel Abril que instruye la querella del 9N requería su opinión tanto sobre la existencia de indicios que incriminen al diputado y exconseller de Presidencia Francesc Homs como sobre la propuesta de la Fiscalía de que este aforado sea investigado por el Supremo en una pieza separada, de forma que el resto de la causa permanezca en manos del TSJC.
En una reunión conjunta que mantuvieron con sus clientes la semana pasada, las defensas decidieron que no se pronunciarían sobre una petición del ministerio público que resulta frontalmente contraria a sus intereses, han añadido las mismas fuentes.
De esta forma, el TSJC tomará su decisión sobre la imputación de Frances Homs, que solo puede ser investigado por el Supremo porque es diputado del Congreso, en base a la petición de la Fiscalía y de lo alegado por las acusaciones particulares, que actúan bajo la dirección procesal del sindicato ultraderechista Manos Limpias.
El sindicato ha presentado un escrito en el que apoya la investigación a Homs y propone que toda la causa del 9N, no solo lo que afecta al diputado de Democràcia i Llibertat (DIL), pase a manos del Supremo.
Por su parte, los fiscales piden al TSJC que redacte un informe motivado con los indicios sobre la implicación de Homs en un delito de desobediencia por mantener la consulta del 9N después de que fuera suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).
Concretamente, la Fiscalía basa sus indicios de imputación en una carta incluida en el sumario del 9N que apunta a que Homs, entonces conseller de Presidencia, indicó a una de las empresas encargadas de gestionar la consulta que siguiera adelante con sus preparativos porque no vulneraban la suspensión del Constitucional.
Según la Fiscalía, así se desprende de la documentación remitida por el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), al que la empresa T-Systems, encargada del dispositivo informático del 9N, pidió que aclarara si sus trabajos quedaban afectados por la suspensión de la consulta acordada por el Constitucional.
El director del CTTI elevó la consulta a sus superiores y el 6 de noviembre de 2014, dos días después de la suspensión del 9N, recibió una carta firmada por Homs en la que el exconseller mantenía que, de acuerdo con los servicios jurídicos consultados, los trabajos contratados no estaban afectados por la resolución del TC.
De esta forma, mantiene el fiscal en su escrito al TSJC, Homs "irrazonablemente legitimó la continuación de los trabajos, lo cual condujo a que los mismos prosiguieran y culminaran en los días sucesivos", apoyando su decisión en los servicios jurídicos de la Generalitat y en "otros expertos de derecho penal, procesal, administrativo y constitucional".
El fiscal relata en su escrito que el TSJC ha requerido al Departamento de Presidencia esos informes jurídicos -tanto verbales como escritos-, pero la respuesta de la Generalitat "no contiene absolutamente ningún dictamen, interno o externo, que pudiera ponerse en relación con lo afirmado en la carta del conseller Homs".
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