
La tasa de 10 euros que desde noviembre de 2012 pagaban los usuarios del sistema sanitario por la renovación de la tarjeta sanitaria y la emisión por robo, rotura y extravío quedará en suspenso este año.
Igualmente, en este ejercicio quedará sin efecto la tasa de ordenación de instalaciones y actividades industriales energéticas y mineras, y la de autorización o reconocimiento de compatibilidad de autoridades públicas y privadas al personal al servicio de la administración.
Con la supresión de estas tasas, el Gobierno que preside Cristina Cifuentes busca reducir la presión tributaria y ahondar en el compromiso de bajar los impuestos.