El president en funciones, Artur Mas, ha mantenido hoy la voluntad de diálogo con "otro Gobierno" tras el 20D que no "se dedique a la agresión institucional permanente" ni "intervenga" la autonomía catalana, como, a su juicio, hace el Ejecutivo del PP, con el que cree que el diálogo "no es posible".
En una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat tras la reunión del Govern, Mas se ha referido como "agresión a todos los catalanes" al anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de mayores controles para el cobro de recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que ha vinculado al proceso soberanista.
Mas ha apuntado que si el 20 de diciembre en España hay un Gobierno diferente que "no se dedique a la agresión institucional permanente y que no persiga" a las personas por sus "ideas políticas" -en alusión al movimiento independentista- entonces "es evidente que las instituciones catalanas están en esta actitud de hablar y negociar".
Sin embargo, el presidente en funciones ha recalcado que con el actual Gobierno "el diálogo no es posible" cuando adopta decisiones que afectan "a toda la población catalana" como la "operación de intervención de la autonomía catalana" a través del FLA.
La respuesta de Montoro
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha dicho hoy al presidente de la Generalitat de Cataluña en funciones, Artur Mas, que le guste o no, "en España es ilegal" destinar dinero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a la independencia.
En rueda de prensa para presentar los datos de recaudación y ejecución presupuestaria de las administraciones públicas, Montoro se ha referido así a las nuevas condiciones impuestas a Cataluña para acceder al FLA y a la condicionalidad de no usar los 3.038 millones del FLA en gastos independentistas para que el Gobierno pueda hacer ya el desembolso.
Montoro ha asegurado que "Mas no tiene derecho a utilizar ningún euro público en su programa de independencia" y ha señalado que el Ejecutivo lo va a "exigir" y lo va a "controlar" como es su obligación.
Entidades
Interior vuelve a amenazar con el art. 155
