El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado a declarar como imputados al presidente de la Generalitat, Artur Mas, a la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega y a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, por la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre. Según Punt Avui, la defensa de Mas, Ortega y Rigau no tiene la intención de recurrir el auto del TSJC. EN DIRECTO | Reacciones al 27S | Especial elecciones catalanas.
En un auto, la Sala Penal del TSJC ha citado a Mas el jueves 15 de octubre y dos días antes, el martes 13 de octubre, a Ortega y Rigau.
El TSJC también ha llamado a declarar el lunes 19 de octubre a cinco testigos que había solicitado la Fiscalía.
En persona y no por escrito
Fuentes del tribunal han explicado que, al ser la citación en calidad de imputado, deberá acudir en persona, al contrario de lo que hizo por ejemplo en su declaración como testigo en abril de 2014 en la causa de la Audiencia Nacional contra 19 acusados por bloquear el Parlament, cuando lo hizo por videoconferencia desde su despacho de la Generalitat.
La Fiscalía en su querella acusa concretamente a Mas de haberse "negado abiertamente a dar el debido cumplimiento a una resolución emanada del máximo intérprete de la Constitución", al organizar este proceso participativo pese a la suspensión decretada por el TC.
El 15 de octubre coincide con el 75 aniversario del asesinato del expresidente de la Generalitat Lluís Companys, y es tradición de las instituciones catalanas y de algunos partidos rendirle homenaje en el Fossar de la Pedrera, en el Cementerio de Montjüic -donde está su tumba-, acto al que Mas siempre ha asistido y que este año coincide con su citación judicial.
Un "juicio político"
Por su parte, la vicepresidenta de la Generalitat, Neus Munté, ha interpretado como un "juicio político" que la convocatoria de la consulta del 9N haya llevado a imputar a Mas, Ortega y Rigau. Lo ha dicho en rueda de prensa tras el Consell Executiu de la Generalitat, después de la imputación.
Munté ve "instrumentalización política" en la querella que "presentó la Fiscalía General del Estado, contra el parecer de los fiscales catalanes", y también el sindicato Manos Limpias.
Ha afirmado que "no se ha hecho nada ilegal" y manifestado el total apoyo y solidaridad del Govern con los tres imputados.
Munté ve una "auténtica anomalía democrática" que atribuye a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno central por querellarse contra quien puso las urnas para que la gente opinara sobre el futuro de Cataluña, ha defendido.
Evitar la "contaminación"
Por parte del Gobierno central, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado, sobre el hecho de que el TSJC haya dado a conocer la citación del presidente de la Generalitat tras las elecciones de este pasado domingo, que los magistrados han retrasado su decisión para que no pudiera darse "cierta contaminación" entre el proceso judicial y el proceso electoral. "Finalizado el proceso electoral, lo que es lógico y natural es que la Justicia continúe con sus trámites, con sus tiempos", ha subrayado el ministro.
Catalá también ha afirmado que "no hay ninguna presunción de culpabilidad" del presidente de la Generalitat y que, al contrario, "la Constitución lo que garantiza es la presunción de inocencia" de este mandatario autonómico.
Sobre la situación en la que queda ahora Mas, el responsable de Justicia se ha referido, en primer lugar, a que el presidenta catalán está formalmente imputado, aunque no se diga expresamente el auto dado a conocer hoy por el TSJC. El ministro ha argumentado que esto es así porque ha sido citado a declarar en compañía de su abogado.
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Mas saca pecho por la consulta del 9N