El Gobierno no dio ayer explicaciones sobre la investigación abierta al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, y tampoco parece que tenga intención de darlas, ni a la opinión pública ni al Parlamento, salvo que Rajoy, que participa hoy en un acto del partido en Murcia, cambie de idea.
Escudándose en que ese trata de un "asunto particular"-expresión que repitieron en media docena de ocasiones la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro Cristóbal Montoro- y encelados en el mantra de que "ley es igual para todos", ambos miembros del Ejecutivo confirmaron que será el director de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, quien comparecerá el martes en el Congreso de los Diputados para ofrecer la versión oficial sobre el caso.
Un asunto que los ayer comparecientes tras el Consejo de Ministros intentaron siempre desvincular de la etapa de Rato como máximo responsable de la economía en los Gobiernos de José María Aznar. "No estamos ante hechos relacionados con el cargo que no tiene. Hay que diferenciar esos conceptos", recalcó la vicepresidenta.
En una sucesión de evasivas ante las reiteradas preguntas de los informadores, sólo una cosa quedó clara, que Hacienda no va a hacer pública la lista de los 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y que están siendo investigados por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac). Así lo confirmaba el ministro Montoro quien recordó que "la actual ley lo prohíbe".
"El ministro de Hacienda no tiene potestad para hacerlo. Esto no ocurre en ningún país del mundo y le pido a la oposición que sitúe los debates donde debe", sentenció al ser preguntado sobre la moción presentada ayer por el PSOE en la Cámara Baja en la que se insta al Gobierno a hacer pública la relación de los amnistiados.
Una moción que se debatirá el martes próximo y en la que el Grupo Socialista pide también la reprobación de Montoro alegando "obstrucción a la justicia" en el caso de los papeles de Bárcenas.
Tras defender que la Agencia Tributaria actúa "con independencia y firmeza" con independencia del "color y el poder político o económico" del investigado, el titular de Hacienda admitió que "no se quienes componen esa lista de 705 nombres. No tengo cabeza".
Morosos y sentencias firmes
En este punto sí quiso aclarar que la investigación a Rodrigo Rato no está vinculada a la amnistía fiscal, sino a la inspección que desde hace tiempo desarrolla la Agencia Tributaria sobre la declaración de bienes y derechos en el extranjero.
Y todo esto en la rueda de prensa posterior a un Consejo de Ministros que aprobaba el Proyecto de Reforma de la Ley General Tributaria por el que se autoriza al Gobierno a publicar "por motivos de interés general y para luchar contra el fraude fiscal" la lista de los morosos con Hacienda que tengan deudas pendientes superiores a un millón de euros, salvo que se encuentren aplazadas o suspendidas. Hacienda publicará la primera lista de morosos en el cuarto trimestre de este año, en la que se incluirán aquellos que a fecha de 31 de julio de 2015 incurran en las circunstancias señaladas.
Montoro explicó que los objetivos fundamentales de esta reforma son potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica de las normas tributarias; y apuntó que los contribuyentes afectados dispondrán de un "trámite previo de alegaciones" y podrán impugnar la decisión final por la vía contencioso-administrativa.
Como complemento, y de acuerdo con el informe del Consejo de Estado, el Gabinete aprobó también un Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal para permitir la publicación parcial de las sentencias condenatorias firmes por delitos contra la Hacienda Pública.
La publicación de las sentencias no será completa, sino de alcance proporcionado, únicamente en aquellos aspectos que son estrictamente necesarios para cumplir con la finalidad buscada, con lo que resulta así respetuoso con los derechos fundamentales al honor y a la intimidad, así como a la protección de datos de carácter personal.
Esta reforma de la Ley General Tributaria amplía las potestades de comprobación e investigación, regulando el derecho a comprobar las obligaciones tributarias en el caso de ejercicios prescritos, siempre que sea preciso en relación con obligaciones de ejercicios no prescritos. Además, se fija un plazo de diez años para la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación y también de las deducciones aplicadas o pendientes de aplicar.
Por otra parte, y como nueva norma antiabuso, se introduce una infracción tributaria grave dirigida a profundizar en la lucha contra los fraudes más sofisticados por la que será sancionable la obtención de un ahorro fiscal mediante actos que ya han sido declarados por la Administración como de conflicto en la aplicación de la norma tributaria.
