Este jueves, el juez Pedraz, de la Audiencia Nacional ha llevado a cabo mediante numerosos efectivos policiales, de manera simultánea y durante ocho horas, los domicilios y las numerosas empresas de Madrid, Barcelona, Valencia y Melilla vinculadas con Oleguer Pujol Ferrusola, el menor de los siete hijos del expresidente Pujol. Previamente, el magistrado había admitido a trámite, aunque solo parcialmente, la querella interpuesta el pasado 2 de septiembre por los partidos políticos Podemos y Guanyem contra toda la familia Pujol, y a ella se ha adherido la fiscalía anticorrupción, que ha marcado la pauta de los registros. Pedraz ordenó los registros.
En efecto, la investigación contra Oleguer Pujol deriva de la "obtención de una importante cantidad de dinero cuyo origen es desconocido procedente de las Islas Vírgenes", Luxemburgo y las Antillas Holandesas, territorios considerados paraísos fiscales. Oleguer estaría, en concreto, detrás de una complicada trama de sociedades que se habrían encargado, entre otros menesteres, de la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander por parte de la sociedad Samos Servicios y Gestiones; de la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa; de la compra de un hotel en Canarias; de operaciones realizadas entre Longshore y Prisa División Inmobiliaria; de operaciones realizadas entre Nueva Melilla Asociados y Tres Forcas Capital, así como de la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y de la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012. Es decir, el asunto tiene gran envergadura financiera y alcanzaría varios miles de millones de euros.
Por todo ello, Pedraz acusa a Oleguer Pujol de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Y también a su socio en algunas de estas sociedades Luis Iglesias Rodríguez, casado con una hija del exministro del PP Eduardo Zaplana. En el pasado, el multimillonario Oleguer reconoció tener en el extranjero 93 millones de euros, y regularizó tres millones en la reciente amnistía fiscal.
Los tiempos judiciales no coinciden ni tienen por qué coincidir con los tiempos políticos pero tampoco puede decirse taxativamente que no interfieran ente sí. Lo cierto es que a medida que ha avanzado el proceso soberanista, han arreciado las actuaciones judiciales contra la familia Pujol.
Pero también es indudable que el propio patriarca tuvo que salir a reconocer sus propias culpas, probablemente porque sus andanzas iban a ser aireadas en cualquier caso, por lo que resulta imposible negar la oportunidad del escrutinio judicial, que es el único lenitivo que tiene la ciudadanía ante la eclosión desenfrenada e irritante de casos de corrupción.
En cualquier caso, la fortuna del matrimonio Pujol-Ferrusola y los negocios de tres de sus hijos (Jordi, Oriol y Oleguer) están bajo sospecha y en manos de cinco juzgados que instruyen otros tantos casos: el 'caso Palau', actualmente en la Audiencia de Barcelona, cerca del juicio oral; el 'caso Jordi Pujol Ferrusola' que arrancó de la denuncia de una exnovia del inculpado y que instruye Ruz en la Audiencia Nacional; el caso provocado por Jordi Pujol padre por su confesión, que está siendo investigado por un juzgado de Barcelona; el 'caso ITV' que afecta a Oriol Pujol y también reside en un juzgado de Barcelona; y el caso Oleguer, que tramita Pedraz.
Los asuntos tienen encarnadura y no son una invención, por lo que carece de sentido hablar de oportunismo judicial. No habría caso si no hubiese indicios relevantes de delito. Lo que produce cierto desconcierto es la diseminación de causas por los juzgados cuando parecería que hay un nexo común que los vincula. Si acaso, habría que lamentar, pues, la falta de cierta flexibilidad judicial para agrupar los asuntos conexos e instruir con ellos, en un tiempo limitado gracias a la suficiente dotación de medios y personal de los juzgados, una única causa que zanjase políticamente el caso y tuviera un rotundo efecto ejemplarizante.
Luis Iglesias 'socio' investigado