
El Gobierno no tiene decidido cómo regular el aforamiento del Rey Don Juan Carlos cuando en los próximos días su hijo Don Felipe sea proclamado rey y el actual monarca pierda la inviolabilidad, informaron en fuentes gubernamentales. En cualquier caso, seguirá siendo inviolable por los actos realizados como monarca. Sigue en directo las reacciones de la abdicación.
El artículo 56.3 de la Constitución establece que la persona del Rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad, porque sus actos estarán siempre refrendados por el presidente del Gobierno y en su caso por los ministros competentes.
Por lo tanto, en cuanto pierda su condición de Rey, Don Juan Carlos perderá esa condición de inviolabilidad, aunque nadie le podrá reclamar nada ante los tribunales por su gestión de cuando era el Jefe del Estado, porque sus actos estaban siempre sometidos a refrendos.
Sin embargo, a partir de ahora, para que Don Juan Carlos pueda estar al menos aforado se necesita una regulación legal que no existe. Según las fuentes consultadas hay varias vías, sin que el Ejecutivo haya tomado una decisión. El Gobierno podría promover una ley al respecto, podría hacerlo el Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley, o podría introducirse el aforamiento en una ley que esté en trámite, como la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
De hecho, el Gobierno incluyó en esta ley el aforamiento de los Príncipes de Asturias y de la Reina Sofía. Sin embargo, está aún en fase de anteproyecto a la espera de informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, por lo que su aprobación aún se va a demorar varios meses.
Las fuentes citadas descartan en principio aprobar un procedimiento especial para aforar a Don Juan Carlos y le gustaría que el método elegido tenga el apoyo y el consenso de todos los partidos.
Esta cuestión podría ser regulada en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el Gobierno no ha enviado aún al Congreso y, en todo caso, será una decisión que adopten las Cortes Generales, afirma el Ejecutivo.
El asunto tiene una gran relevancia, toda vez que Izquierda Unida ya ha anunciado a través de su diputado Alberto Garzón que si la ley orgánica en la que se recoge su abdicación no le blinda, plantearía querellas "por los hechos delictivos que hubiera podido cometer en todo su reinado".