La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión incondicional para el exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía y ex diputado No Adscrito en las Cortes, Rafael Blasco, al entender que existe riesgo de fuga tras ser condenado a ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por la primera pieza del 'caso Cooperación', relativa al desvío de ayudas para proyectos de abastecimiento de agua en Nicaragua
El fiscal ha solicitado esta medida, a la que se han sumado el resto de acusaciones --Abogacía de la Generalitat y Antonio Penadés-- mientras el Tribunal Supremo (TS) resuelva los recursos de amparo que tienen previsto imponer los condenados en esta causa. Y lo ha hecho en base al artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que recoge, entre otros aspectos, que se puede solicitar la prisión provisional ante la gravedad de la pena impuesta o la situación familiar, laboral y económica de los condenados.
El ministerio público estima que para el caso de Rafael Blasco --condenado por un delito continuado de malversación de caudales, en concurso con un delito de tráfico de influencias, otro de prevaricación y un delito de falsedad en documento oficial-- sí existe riesgo de fuga, por lo que en una vista celebrada este lunes en el tribunal valenciano, convocada a petición de esta parte del proceso, ha solicitado la prisión incondicional para él, petición a la que el letrado de éste se ha opuesto.
Subsidiariamente, el ministerio fiscal ha reclamado el pago de dos millones de fianza, durante la vista celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sobre medidas cautelares que, a petición de la propia Fiscalía, se debería aplicar tanto sobre el exconsejero como para otros seis acusados.
Blasco, que ha acudido a la vista, ha indicado a su salida del Palacio de Justicia que "al final, se demostrará la inocencia, con todo el respeto a lo manifestado por los jueces en su derecho".
Una medida similar ha requerido Fiscalía para la ex secretaria general de la extinta Consejería de Solidaridad, para quien ha solicitado también prisión incondicional y, subsidiaramente, el pago de una fianza de 600.000 euros, retirada de pasaporte y comparecencias en el juzgado. Sanjuán fue condenada a siete años, seis meses y un día de cárcel, así como a 17 años y medio de inhabilitación.
Para los otros cinco condenados a penas de prisión, es decir, para el exjefe de servicio de Cooperación, Marc Llinares; el exsubsecretario Alexandre Català; el exjefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; y una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás, la Fiscalía ha requerido la retirada de pasaporte, comparecencias semanales o quincenales en el juzgado, así como diferentes fianzas que van desde los 50.000 hasta los 120.000 euros.
En concreto, para Llinares, condenado a cuatro años, seis meses y un día de cárcel, el ministerio público reclama una fianza de 120.000 euros; para Català, a quien también se le impuso la pena de cuatro años y medio de prisión, 100.000 euros; a Llopis, condenado a tres años de cárcel, 60.000 euros; a López, al que se le fijaron cuatro años de cárcel, 100.000 euros; y a Cervera, condenada a tres años y medio, una fianza de 50.000 euros.
Sobre otro de los condenados en esta causa, Augusto César Tauroni, cabecilla de la trama, se encuentra en prisión desde el inicio de las diligencias; mientras que el ex director general de la extinta Consejería Josep María Felip tan solo fue condenado a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, pero no se le impuso prisión, con lo que no ha tenido que comparecer en la vista de este lunes.
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Así renunciaba Blasco