Aumenta la presión internacional sobre la junta militar birmana

Varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) acusaron este sábado a la junta militar birmana de obligar a los supervivientes del ciclón Nargis a abandonar los refugios y regresar a sus pueblos devastados, cuatro semanas después de la catástrofe que causó 2,4 millones de damnificados.

Al mismo tiempo, el secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, fustigó la "obstrucción" de la junta a la ayuda internacional, afirmando que esta actitud había costado "decenas de miles de vidas".

Desde hace dos semanas, las personas sin techo cobijadas en escuelas y monasterios budistas cuentan a la AFP que las autoridades intentan forzarlas a abandonar sus refugios, aunque no tengan otro sitio adónde ir.

Este sábado, la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) afirmó que los militares habían comenzado a expulsar a los supervivientes de decenas de campamentos levantados por las autoridades después del tifón, dejándolos desamparados en las aldeas asoladas por la catástrofe.

El ciclón Nargis que se abatió sobre el sur de Birmania causó, oficialmente, al menos 133.600 muertos y desaparecidos y 2,4 millones de damnificados. En el delta de Irrawaddy, la región más afectada, las autoridades birmanas estiman que el 95% de los edificios quedaron destruidos y que muchos pueblos aislados desaparecieron del mapa.

Tras haber impedido reiteradamente el acceso de las organizaciones humanitarias extranjeras al delta, la junta sugirió el viernes a las víctimas del ciclón, a través de la prensa oficial, que vuelvan a casa y se las apañen para alimentarse, por ejemplo, pescando peces y ranas.

"A falta de refugios, alimentos y agua potable, la sugerencia del gobierno equivale a enviar a la gente a la muerte y corre el riesgo de aumentar el alcance del desastre", dijo indignado el director de HRW para Asia, Brad Adams.

Naciones Unidas afirmó no estar en condiciones de confirmar las presuntas expulsiones y reiteró su oposición, por principio, a cualquier desplazamiento forzoso de la población. "No se trata sólo de enviar la gente a sus aldeas. Se trata también de ayudarlas", declaró un importante responsable humanitario de la ONU en Bangkok, Terje Skavdal.

Un periodista de la AFP dice haber visto en el delta Irrawaddy a decenas de policías antidisturbios apostados en los arcenes de las carreteras, armados con fusiles, palos y escudos.

Esta semana, la ONU estimó que casi el 40% de los damnificados no habían tenido acceso a la ayuda internacional.

La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PAM) de la ONU, Josette Sheeran, viajó este sábado a Birmania para inspeccionar las operaciones humanitarias en curso.

El régimen birmano anunció este sábado en la prensa oficial la puesta en funcionamiento de un nuevo organismo de coordinación de las tareas de socorrismo en el que participan representantes de la ONU y de países del sureste de Asia.

Aunque aceptó finalmente abrir el delta del Irrawaddy a las organizaciones humanitarias foráneas, la junta birmana rechazó categóricamente la llegada de ayuda en buques militares extranjeros. Esta obstrucción costó "decenas de miles de vidas", denunció este sábado el secretario estadounidense de Defensa, Robert Gates. "Hemos tendido la mano, han dejado las suyas dentro de sus bolsillos", declaró en una conferencia en Singapur.

Por otro lado, la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) advirtió del "peligro creciente de trabajo forzoso, de trabajo de los niños, de trata de personas y de migración de la mano de obra" después de la catástrofe, en un informe presentado este sábado en una sesión especial de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la situación en Birmania.