
CiU y ERC lanzaron ayer un órdago al Gobierno español y fijaron el próximo 9 de noviembre de 2014 como fecha para celebrar la consulta sobre la independencia de Cataluña. El pacto, al que se sumaron los ecosocialistas de ICV y la CUP, también fija la doble pregunta que figurará en el hipotético referéndum y que tiene como objetivo evitar que los catalanes que no se sienten independentistas puedan votar a favor de un "estado propio".
Concretamente, la pregunta acordada (aunque todavía no está redactada) establece una doble cuestión en la que se preguntará a los catalanes: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y, en el caso de que la respuesta sea positiva, "¿Quiere que este Estado sea independiente?". CiU considera que esta es una pregunta "inclusiva", que le permitirá capitalizar el voto de todos aquellos catalanes que quieren que Cataluña sea un estado, pero que no votarían a favor de una declaración de independencia unilateral que supondría, entre otras cosas, abandonar la Unión Europea.
Por su parte, con la segunda pregunta, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, considera que los republicanos cumplen con su compromiso electoral de preguntar a los catalanes sobre su voluntad de ser independientes y confían en su poder de convocatoria para que la opción secesionista sea la mayoritaria en la hipotética consulta.
Las fuerzas políticas que apoyaron ayer este acuerdo (CiU, ERC, ICV y CUP) suman actualmente el 63,53 por ciento de los diputados del Parlamento catalán, mientras que las fuerzas políticas contrarias a una consulta no acordada con el Estado español (PSC, PP y Ciutadans) suman el 36,47 por ciento.
Exigencias de ERC
El anuncio de la fecha de la consulta dentro de 2014 y la redacción de la pregunta era una exigencia de ERC para votar a favor de los Presupuestos de la Generalitat para 2014. En caso de no haber pactado la pregunta, Artur Mas no hubiera tenido el apoyo parlamentario suficiente para sacar adelante las cuentas autonómicas y, probablemente, se hubiera visto obligado a dimitir. Mas ya anunció el año pasado su intención de agotar la legislatura actual, que concluye en 2016.
Aunque el anuncio de ayer se trata de un principio de acuerdo que tienen que ser ratificado por los órganos de gobierno de las formaciones participantes del acuerdo, tanto Mas como Junqueras se mostraron exultantes a la salida de un reunión que se celebro en el Palau de la Generalitat y que se mantuvo en secreto hasta media mañana.
En rueda de prensa posterior, Mas anunció solemnemente que "tenemos un acuerdo para hacer la consulta". Destacó que el pacto entre los asistentes fue "muy rápido, al que se ha llegado en sólo dos días" y "permite cumplir los dos objetivos marcados: que sea un acuerdo muy mayoritario", y que introduce una pregunta "inclusiva, y al mismo tiempo clara y concreta".
El president hizo un llamamiento al Estado español para negociar el camino para realizar el referéndum. En su opinión, "ahora hace falta un Estado español atento a la mayoría parlamentaria y política" de Cataluña y aseguró que "vamos con la mano tendida y esperamos que la respuesta del Estado facilite que el pueblo catalán pueda decidir su futuro".
Reacción de PP, PSC y C's
El líder de los socialistas catalanes, Pere Navarro, calificó el anuncio de Mas como una "acción unilateral condenada al fracaso" que además "imposibilita cualquier diálogo futuro". En su opinión, "Mas prefiere salvarse a sí mismo" antes que pensar en Cataluña, y reiteró que "la única manera de hacer efectivo el derecho a decidir es un acuerdo entre los gobiernos de Cataluña y España", como en el caso de Reino Unido y Escocia.
Con más dureza reaccionó la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, al asegurar que Artur Mas "ha dinamitado todos los puentes de diálogo con el Gobierno de España" tras el "error histórico" que representa convocar una consulta soberanista que genera "división y enfrentamiento" en Cataluña y en España. Camacho envió un "mensaje de tranquilidad" a los catalanes porque el Gobierno español va a impedir "una consulta que es ilegal" y que, a su juicio, supone "el más grave desafío a la integridad de España desde la Transición".
Por su parte, el portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, exigió al Gobierno que dé una respuesta "contundente" al "reto" planteado desde Cataluña por los partidos nacionalistas. Cañas también instó al Congreso de los Diputados a dar una respuesta "contundente, inteligente, firme y profundamente democrática" porque "no se debe caer en las provocaciones".