Los técnicos de Hacienda han echado sus propias cuentas sobre lo que supondrá para los pensionistas la entrada en vigor de un factor de sostenibilidad como el que el Ministerio de Empleo anunció la semana pasada. Aquéllos que empiecen a cobrar ese subsidio en los 10 primeros años en que rija ese corrector, es decir, entre 2019 y 2029, tendrán derecho durante ese periodo a una pensión un 5,8% menor que aquélla que les hubiera correspondido en 2012.
Disminuciones de idéntica cuantía se irán acumulando en las décadas posteriores en las que seguirá rigiendo el factor de sostenibilidad, de acuerdo con las estimaciones del Instituto de Estudios Fiscales. Dicho de otro modo: pasada la barrera de 2050 los nuevos jubilados cobrarán, en esos 10 años, un 22% menos de lo que les habría correspondido antes de que se pusieran en marcha los nuevos cambios en el sistema de pensiones.
Tales cambios buscan ajustar, por un lado, el ritmo al que se cobra, en concepto de pensión, lo que un trabajador ha cotizado durante su trayectoria laboral con, por otro lado, el hecho de que esa persona va a tener una esperanza de vida larga. Empleo se ha afanado en explicar que, gracias a que viviremos más, hay que espaciar en mayor medida el pago de lo que a los trabajadores cada vez más longevos les corresponderá. En caso contrario el sistema quebrará. Gráfico sobre la esperanza de vida: ¿cuánto más viviremos en los próximos años?
En Hacienda tienen claro que con la entrada en escena de un coeficiente corrector que se acompase con la evolución de la esperanza de vida "va a quedar solventado el problema de la sostenibilidad" de la Seguridad Social. Ahora bien, sus expertos alertan de que, al tiempo que se socava un obstáculo, es posible estar cimentando otro también grave.
Riesgo reconocido
Ese riesgo es real; hasta el punto de que el Ministerio de Empleo ha optado por no seguir a rajatabla las recomendaciones del grupo de expertos que lo asesoró antes de acometer la reforma del sistema de pensiones. Entre ellas, se encontraba aquélla que conminaba a introducir el factor de sostenibilidad cuanto antes.
Finalmente, su entrada en vigor se ha retrasado a 2019 con el objetivo, tal y como reconoció la ministra Fátima Báñez, de que quienes se vayan a jubilar en los cinco años posteriores (pues la revisión del factor de sostenibilidad se hará oficialmente cada lustro) "se anticipen" al cobro de una pensión que será en su arranque más baja de lo que esperaban. Ese hecho hará que sean recomendables "soluciones como compatibilizar durante un tiempo pensión y empleo", incidió la ministra.
Con todo, el problema tiene visos de que puede ser más profundo, de acuerdo con los técnicos de Hacienda, hasta el punto de que sería conveniente suavizar el factor de sostenibilidad tal y como ahora está concebido.
Así, "parece claro" que este componente corrector "no debería estar ligado solamente a la esperanza de vida, sino que debería ser sensible también a otras variables, tales como el ratio número de cotizantes sobre jubilados, o las tasas de ocupuación y fertilidad, el saldo migratorio o la productividad". Todos ellos son factores que "influyen muy directamente sobre el equilibrio financiero del sistema", explica el Instituto de Estudios Fiscales.
Peligro de la unilateralidad
La institución, incluso, demuestra en qué medida puede resultar drástica la reducción de las pensiones, aunque sea en aras de garantizar su sostenibilidad, cuando se aplica de forma unilateral uno solamente de esos factores. En concreto, un factor de sostenibilidad que radicara en exclusiva sobre la proporción de cotizantes sobre jubilados supondría, en el entorno de 2050, una reducción acumulada para los nuevos pensionistas de hasta el 45% con respecto a las cuantías percibidas por los pensionistas en 2012.
Un porcentaje tan elevado se reduciría de forma notable, hasta el 25%, únicamente haciendo entrar en el cálculo una variable más: la esperanza de vida.
Sea como fuere, los expertos de Empleo y de Hacienda coinciden en señalar que, por doloroso que sea el juego de los factores de sostenibilidad, es necesario recurrir a ellos.
El deterioro del sistema de pensiones es ya de tal envergadura que no cabe conformarse con meros cambios de los denominados "paramétricos", es decir, aquéllos que no van más allá de modificar los límites numéricos o de variables como la edad de jubilación.
La gestión privada triplicaría su rentabilidad
